El oficialismo puso el cuidado ambiental en la agenda de la Legislatura de Mendoza con dos proyectos que buscan reforzar las herramientas de prevención y control, en medio de la preocupación por los posibles efectos del Súper Niño. Uno de ellos endurece las sanciones por arrojar residuos en cauces y drenajes; el otro crea un sistema digital para que los ciudadanos denuncien infracciones mediante imágenes.

Las iniciativas obtuvieron despacho de comisiones de la Cámara de Diputados y apuntan a dos frentes: la modificación del Código Contravencional para elevar multas, arrestos y trabajo comunitario contra infractores, y establecer un marco jurídico para la preservación y tratamiento administrativo de registros audiovisuales aportados por la ciudadanía, esta última propuesta ya cuenta con media sanción.

Sanciones a quienes arrojen basura en cauces de agua

Diputados decidió reunir diversos proyectos elaborados por Cecilia Rodríguez (exlegisladora de la UCR), Franco Ambrosini (UCR) y Gustavo Perret (PJ), vinculadas con la necesidad de prevenir la acumulación de basura, escombros y otros elementos que puedan afectar, particularmente, los sistemas de escurrimiento del agua.

La idea es modificar el artículo 127 de la Ley 9.099 de Código Contravencional y establecer multas de entre 1.000 y 2.000 Unidades Fijas (UF) -hoy fijadas en $600- es decir, entre $600.000 y $1.200.000; arresto de 10 a 20 días y 30 días de trabajo comunitario para quienes arrojen, viertan, tiren o acumulen residuos, escombros, áridos, plásticos o basura de cualquier naturaleza en lugares públicos no habilitados, veredas, banquinas o acequias.

Además, incorpora un artículo que fija sanciones específicas para quienes arrojen o abandonen animales muertos, residuos urbanos o domésticos, áridos, escombros, desechos tóxicos, plásticos u otros tipos de basura en colectores aluvionales, zanjones, ríos, cauces de agua o infraestructura destinada al drenaje pluvial. En estos casos, las multas previstas van de 1.500 a 3.000 UF, entre $600.000 y $1.800.000; arresto de entre 15 y 25 días y 25 días de trabajo comunitario destinado a tareas de limpieza. 

La iniciativa responde al contexto anticipado por los especialistas respecto al fenómeno denominado "Súper Niño" y está vinculado a las acciones de prevención encaradas por el Gobierno y los municipios en torno a la limpieza de cauces y canales. Ante las lluvias pronosticadas, una eventual crecida puede arrastrar residuos y otros materiales acumulados, por lo que consideró necesario reforzar las medidas preventivas.

La diputada Beatriz Martínez (UCR) sostuvo que el objetivo es que Mendoza pueda "soportar y drenar"de manera adecuada una mayor cantidad de agua y que, para ello, también resulta necesario reforzar la responsabilidad ciudadana. La legisladora subrayó que, además de las obras, las acciones preventivas y los sistemas de alerta, se busca que l os vecinos tomen conciencia de que arrojar residuos en cauces y sistemas de drenaje genera consecuencias: "Se necesita que la ciudadanía advierta que habrá una mayor dureza en la contravención", afirmó.

Denuncias de infracciones ambientales con imágenes

A su vez, Diputados dio despacho al proyecto ya sancionado en el Senado que establece un marco jurídico para la recepción, validación, preservación y tratamiento de registros audiovisuales aportados por la ciudadanía, que podrán ser utilizados para la fiscalización, el control y la determinación de presuntas infracciones a la normativa ambiental.

De esta manera, cualquier persona humana o jurídica, pública o privada, podrá comunicar posibles infracciones relacionadas con:

Residuos

Recursos hídricos

Bosques nativos

Fauna

Áreas naturales protegidas

Actividad minera e hidrocarburífera

Ordenamiento territorial 

El proyecto establece al Ministerio de Energía y Ambiente como autoridad de aplicación y contempla la utilización de plataformas digitales oficiales para recibir las comunicaciones. El sistema deberá permitirá sumar georreferenciación, sello de tiempo y código de verificación, además de validar la identidad de quien realiza la denuncia.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta será garantizar la autenticidad de las imágenes y videos. Para ello, se prevén herramientas que permitan acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que fue generado el registro. También se contempla el tratamiento de contenidos adulterados mediante inteligencia artificial, edición, montaje u otros mecanismos que puedan modificar lo ocurrido. La identidad del denunciante será preservada, aunque la presentación no tendrá carácter anónimo.

Cómo será el procedimiento

Una vez superados los controles de admisibilidad y validación técnica, las actuaciones serán derivadas al organismo competente junto con un informe con los datos disponibles. El proyecto también prevé convenios con municipios, organismos autárquicos y entes reguladores para facilitar la articulación.

Las imágenes y los videos que cumplan con los requisitos técnicos podrán utilizarse como elementos de sustento, aunque por sí solos no determinarán la existencia de una infracción. El organismo correspondiente deberá evaluar el conjunto de las actuaciones y garantizar el derecho de defensa.

La iniciativa establece también que el Ministerio deberá publicar periódicamente información sobre las comunicaciones recibidas, admitidas y archivadas, los organismos intervinientes, las medidas adoptadas, los tiempos de tramitación y las sanciones impuestas.