El Gobierno provincial promulgó la Ley 9727, conocida popularmente como Ley "Antiaguantaderos", una norma que permite la intervención directa sobre propiedades abandonadas o utilizadas para la comisión de delitos. 

Tras su publicación en el Boletín Oficial, tanto la Provincia como los municipios mendocinos contarán con herramientas legales para tapiar, clausurar o demoler inmuebles que representen un riesgo inminente para la seguridad ciudadana.

Cómo denunciar un aguantadero y cuál es el procedimiento legal

El mecanismo de actuación se iniciará a partir de presentaciones de vecinos, municipios u organismos públicos, además de actuaciones de oficio. Ante cada solicitud, el Ministerio de Seguridad y Justicia exigirá un relevamiento policial que evaluará el estado edilicio, los antecedentes delictivos del lugar, la presencia de ocupantes y los riesgos de derrumbe o incendio para los vecinos colindantes.

Una vez emitida la primera resolución de intervención, los propietarios serán citados durante cinco días para presentar su defensa. Si la urgencia lo amerita por peligro inminente de delitos o derrumbe, las autoridades ejecutarán acciones inmediatas con posterior notificación formal. Cabe destacar que los municipios serán los encargados de llevar a cabo las obras de demolición o tapiado, pudiendo luego exigirle el cobro de los costos ocasionados al titular del inmueble.