La crisis en el sistema de salud privada alcanzó un nivel crítico en Mendoza y en todo el país.

Alrededor de 30 clínicas y sanatorios de la provincia, agrupados en ACLISA y CLISAMEN, se encuentran al borde del quebranto, el concurso de acreedores o la fusión forzada debido al marcado retraso en los aranceles que abona PAMI y a la escalada constante de los costos operativos.

Paros, atraso arancelario y riesgo de colapso en el sistema sanitario

Las principales cámaras del sector emitieron una dura advertencia conjunta donde exigen la intervención urgente del Gobierno nacional. Según expresaron los prestadores, PAMI arrastra un desfasaje acumulado del 130% en sus aranceles desde fines de 2023 en comparación con la inflación. A esto se le suma una cadena de pagos que se efectiviza a 90 días, un plazo inviable frente al aumento desmedido en el precio de los medicamentos e insumos médicos.

En la provincia, la situación impacta de lleno en más de 3.000 profesionales de la salud y genera severas trabas en las paritarias salariales. La tensión desencadenó paros de médicos y odontólogos que reclaman una recomposición urgente de los módulos de atención.

Desde la conducción de ACLISA remarcaron que el desfinanciamiento obliga a los sanatorios a trabajar a pérdida, poniendo en riesgo la continuidad de instituciones asistenciales que representan más de la mitad de las camas de internación del país. En caso de cierres o paralizaciones de servicios privados, la demanda migrará masivamente hacia los hospitales públicos, un sector que ya opera al límite de su capacidad en Mendoza.