Mendoza, de de
Mendoza, de de
La iniciativa impulsada por la ministra Mercedes Rus califica la tenencia de teléfonos como falta grave, sanciona a visitas que intenten ingresar drogas o armas y formaliza el régimen para presos peligrosos.
El Gobierno de Mendoza presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar el régimen disciplinario en las cárceles provinciales. La iniciativa, explicada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, busca reforzar controles, endurecer sanciones por faltas dentro de los penales y aplicar severas restricciones a las visitas que intenten ingresar elementos prohibidos.
La presentación se concretó a horas de la toma de rehén de un agente penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer por parte de dos internos de alta peligrosidad. Entre los puntos salientes, la reforma sobre la Ley 8465 establece que la tenencia, uso o comercio de celulares, chips y conexiones clandestinas a internet pasará a ser considerada una falta grave.
El texto suma fuertes castigos a las visitas que intenten ingresar tecnología: se aplicará la suspensión de ingreso por 180 días ante la primera infracción, extendible a un año en la reincidencia y prohibición definitiva a la tercera. Asimismo, el intento de ingresar drogas conllevará un año de suspensión y el tráfico de armas o explosivos derivará en la inhabilitación permanente.
Por otro lado, la ley incorporará formalmente el régimen de Muy Alto Perfil (MAP), que opera en Almafuerte II para presos de extremo riesgo. El sistema prevé aislamiento y monitoreo permanente, sumando criterios objetivos de clasificación como la participación en motines, toma de rehenes y agresiones o amenazas al personal penitenciario.
A su vez, la reforma se complementa con un plan ambiental para los dispositivos secuestrados. Junto a la subsecretaría de Ambiente, los teléfonos en condiciones de funcionar se destinarán a escuelas técnicas mediante la Asociación Traperos de Emaús, mientras que el resto ingresará a procesos de economía circular para el reciclaje de sus componentes.
Con esta batería de medidas, la gestión provincial apunta a desarticular maniobras delictivas digitadas desde el encierro y fortalecer la seguridad y la inteligencia dentro de los complejos penitenciarios de la provincia.
