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Juicio en Mendoza: dos policías son juzgados por allanamiento ilegal y brutal golpiza en Guaymallén

Habrá también una demanda civil contra el Estado.

Lunes, 2 de Noviembre de 2026

Seis años después de una denuncia por violencia policial en Guaymallén, dos efectivos de la fuerza se sentarán en el banquillo de los acusados. La Justicia mendocina intentará determinar si ingresaron por la fuerza a una vivienda particular sin autorización judicial y agredieron físicamente a un hombre y a su hijo durante varios minutos.

El debate oral, que comienza este lunes y se extenderá hasta el jueves, tiene en el banquillo a los policías Darío Rolando Milla (41) y Guillermo José Machaca (37). Ambos llegan imputados por los delitos de allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones agravadas, figuras que prevén penas de entre dos y ocho años de prisión e inhabilitación especial.

La noche del hecho y el traslado a la comisaría

El episodio ocurrió el 15 de septiembre de 2020, en plena vigencia de las restricciones por la pandemia de coronavirus, cuando un llamado al 911 alertó sobre ruidos molestos en una vivienda de calle Pellegrini, en el distrito San José. Según la acusación, los uniformados llegaron al lugar y, tras una discusión en la entrada, ingresaron por la fuerza al domicilio de Cristian Rodríguez (44) y lo golpearon junto a su hijo.

Tras el violento procedimiento, el hombre fue trasladado lesionado y sangrando a la Comisaría 25, donde según la denuncia los agentes se burlaron de su estado físico. Recién cerca de las seis de la mañana fue derivado al Hospital Central para recibir asistencia médica.

Pruebas y demanda civil contra el Estado

La acusación es sostenida por la Fiscalía de Homicidios, mientras que la querella está representada por los abogados Fernando Peñaloza y Natalia Lorenzo. Durante el juicio se evaluarán testimonios de vecinos y familiares, además de registros fílmicos de cámaras de seguridad y comunicaciones policiales.

En forma paralela a la responsabilidad penal de los acusados, el proceso evaluará una demanda civil contra el Estado provincial. La querella busca que las víctimas reciban una reparación integral enmarcada en los estándares internacionales de derechos humanos frente a casos de violencia institucional.