Mendoza, de de
Mendoza, de de
Entregaron sumas abultadas en efectivo para proyectos que nunca se concretaron.
Una presunta red de estafas inmobiliarias en el exterior ha salpicado directamente a dos nombres con fuerte arraigo en el fútbol mendocino. Leonardo Jara y Juan Francisco Brunetta, ambos de destacado paso por Godoy Cruz, denunciaron ante la Justicia penal haber sido embaucados por una organización comercial que captaba ahorros de deportistas con la promesa de comprar, refaccionar y alquilar propiedades en los Estados Unidos.
La denuncia formal tramita en los tribunales bonaerenses, ante la UFI N° 3 de La Plata conducida por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, e investiga los presuntos delitos de estafa reiterada y asociación ilícita. Entre ambos futbolistas entregaron más de 600.000 dólares en efectivo para proyectos que terminaron en ruinas o con litigios insalvables.
De acuerdo con la presentación judicial impulsada por el abogado Ignacio Fernández Camillo, Leonardo Jara fue uno de los inversores más golpeados, con desembolsos personales por un total de US$ 520.000. Por su parte, Juan Brunetta aportó US$ 105.000 bajo el mismo esquema. En conjunto, los dos futbolistas perdieron US$ 625.000, sumas entregadas en mano y en billetes estadounidenses.
La operatoria ofrecía un modelo denominado "llave en mano", consistente en adquirir propiedades a bajo costo en Baltimore, reacondicionarlas y alquilarlas para garantizar una renta fija anual de entre el 10% y el 11% en dólares. Para ganar confianza, montaban reuniones en hoteles de lujo y organizaban visitas guiadas por Maryland con puesta en escena.
La ilusión se desplomó cuando intentaron corroborar el destino final de sus fondos. Lejos de las casas que les mostraban en fotografías, las viviendas asignadas presentaban un cuadro crítico: inmuebles en ruinas e inhabitables, sin permisos ni subdivisiones registrales obligatorias, y con pasivos millonarios por tasas comunales y cortes de servicios esenciales.
Frente a la gravedad de los hechos, la fiscalía platense ya inició la recolección de pruebas contables, solicitó informes societarios cruzados a los Estados Unidos y comenzó con la ronda de testimoniales para determinar el destino final de los millones de dólares desviados.
