A más de 20 años de la privatización del Banco de Mendoza S.A. y del de Previsión Social S.A., la justicia falló a favor de la provincia ante una millonaria demanda realizada en 2007 al rechazar el reclamo de dos grupos inversores.

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Magna Inversora y el Grupo República -quienes realizaron el reclamo ante la justicia- buscaban en un principio una suma de 22 millones de pesos. Sin embargo, la cifra se fue actualizando conforme pasaron los años, llegando a 150 millones de pesos. 

Pero la jueza María Paz Gallardo, a cargo del tribunal de Gestión Asociada Nº1, le dio la derecha a la defensa patrimonial que planteó el fiscal de Estado, Fernando Simón, rechazando el pedido de los demandantes en su totalidad. 

• El fiscal de Estado, Fernando Simón 

El motivo del reclamo fue por daños y perjuicios derivados de los hechos, actos, omisiones, ocultamientos y defectos de previsión por la ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del Banco de Mendoza S.A., los cuales son considerados dentro de los estados patrimoniales de dichas instituciones al 30 de noviembre de 1995.

Entre los planteos de los representantes de los demandantes, resaltó el hecho de que la Provincia de Mendoza procedió a escindir el patrimonio de las instituciones, creando, contablemente y en cada caso, un "Banco Nuevo" y un "fondo residual". Para la creación del "Banco Nuevo" dispuso la elaboración de un Estado Patrimonial Especial 30/11/1995, también llamado Balance pro forma que tenía por finalidad identificar el patrimonio que representaban las acciones que se ponían a la venta". 

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"En el proceso de licitación, se puso a disposición de los oferentes cierta documentación por un corto lapso, a fin de que pudieran compulsar en forma más acabada la situación patrimonial de los Bancos. Dicha muestra resultó insuficiente frente a ciertos aspectos que se mantuvieron ocultos a los ojos de los participantes, y luego a los propios adjudicatarios, hasta el mismo momento de la entrega de la posesión efectiva de los Bancos acaecida el 30 de noviembre de 1998", se agregó. 

Sin embargo, la justicia denegó todas las acusaciones, informando que el tiempo otorgado para el proceso de análisis previo fue suficiente, entre otras cuestiones.