La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, recibió una donación de leche en polvo que el organismo judicial recaudó en la primera etapa de la llamada “reparación simbólica” a la que se acogieron unas 2.000 personas para cerrar la causa penal abierta por incumplir la cuarentena dispuesta durante la pandemia de COVID-19.

Son 3.500 las cajas de leche de diferentes tipos y marcas que hasta ahora recibió la Justicia y que serán distribuidas por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes y la Dirección General de Escuelas de la Provincia.

En el acto, la ministra Nadal ponderó la iniciativa del Ministerio Público Fiscal que imprime una mirada solidaria a la reparación de las faltas cometidas en un momento de crisis sanitaria. “Se trata de un gesto importante, especialmente en la situación que estamos viviendo hoy en la Argentina porque ayuda a enfrentar la restricción, que impuso la Nación, al acceso a la leche que se entregaba en los centros de salud”, destacó.

El Ministerio de Salud distribuirá la leche desde los centros de salud de la provincia y a través de los programas de Desarrollo Social “para reforzar la seguridad alimentaria de la gente que lo está necesitando ahora”, aseguró Nadal.

El procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé y el director de Alimentación de la DGE, Franco Pulido participaron de la ceremonia. 

La entrega consistió en alrededor de 3.500 cajas, de las cuales 1.500 que contienen leche común irán a parar al Ministerio de Educación, mientras que Salud recibirá 1.700 de leche común y 280 de leches especiales.

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Sigue abierta la posibilidad de resolver las imputaciones mediante la donación de leche. Todavía queda resolver unas 4.000 causas relacionadas y quienes no quieran acceder a este tipo de acuerdo irán a juicio.

Los interesados se pueden presentar en la unidad fiscal e inmediatamente se buscará su causa y se les dará una fecha para concretar la solución del conflicto, que será homologada por un juez.

En total, fueron cerca de 7.500 los mendocinos imputados por incumplir la ley durante el periodo de restricciones sanitarias, aunque hay alrededor de 1.000 que ya fueron condenados.

Estos condenados eran reincidentes o fueron sorprendidos mientras cometían delitos.