Mendoza, de de
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Tras una ola de accidentes, el gobierno de Cornejo implementa medidas más severas para combatir la conducción bajo la influencia del alcohol.
En un esfuerzo por reducir los accidentes de tránsito causados por conductores ebrios, el gobierno de la provincia de Mendoza, liderado por el gobernador Alfredo Cornejo, ha logrado la aprobación de tres leyes que endurecen las penas para quienes conduzcan bajo la influencia del alcohol.
La primera de las leyes sancionadas, la Ley de Recupero de las Prestaciones de Salud a Conductores Alcoholizados, establece que aquellos conductores que sufran accidentes y tengan un resultado positivo en la prueba de alcoholemia deberán hacerse cargo de los gastos médicos incurridos en su atención en hospitales públicos. Esta medida, que busca disuadir de conducir ebrio y recuperar los costos que representan estos casos para el sistema de salud, ya se encuentra vigente.
La segunda ley aprobada, que modifica la Ley de Tránsito 9.024, otorga a los agentes de tránsito de los municipios y de la Dirección de Seguridad Vial la facultad de acceder, mediante la toma de huellas dactilares, a información que permita determinar si el conductor posee antecedentes por conducir bajo la influencia del alcohol. En caso de que el conductor tenga un resultado positivo en la prueba de alcoholemia y sea reincidente, la ley establece que la pena de inhabilitación para conducir puede ser aumentada hasta 365 días, pudiendo el juez ordenar la participación del infractor en cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable.
La tercera y última ley sancionada introduce modificaciones al Código Contravencional, estableciendo nuevas multas y sanciones para los conductores que circulen en estado de ebriedad. Para aquellos que conduzcan con un nivel de alcohol en sangre igual o superior a un gramo por litro, la ley establece una multa de entre $508.000 y $1.397.000, o arresto de hasta 120 días, e inhabilitación para conducir vehículos desde 90 hasta 545 días como pena accesoria en todos los casos. Además, el juez que tramite la causa deberá ordenar obligatoriamente al conductor la realización de cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable. En tanto, se procederá al secuestro del vehículo, que solo será devuelto una vez que el infractor haya cumplido con el pago de la multa o con el arresto correspondiente.
Con la aprobación de estas tres leyes, el gobierno de Mendoza envía un mensaje claro y contundente sobre su compromiso para combatir la conducción bajo la influencia del alcohol y reducir los accidentes de tránsito asociados a esta irresponsable conducta. Las nuevas medidas buscan disuadir a los conductores de conducir ebrios, recuperar los costos que estos casos representan para el sistema de salud y castigar de manera más severa a los reincidentes. Se espera que estas medidas contribuyan a mejorar la seguridad vial en las calles de Mendoza.
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