Plena inclusión y dar cumplimiento a los cupos son dos de las premisas que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) tiene en cuenta en la adjudicación de viviendas sociales. A la vez, y para lograr la igualdad de oportunidades en el acceso a la información, tiene un servicio de atención a personas con discapacidad.

De hecho, son unos 330 hogares integrados por una o más con personas que tienen algún tipo de discapacidad que recibieron una solución habitacional a través del IPV, en el período comprendido entre 2020 hasta setiembre de 2024, inclusive. La estadística contabiliza viviendas o mejoras de casas, cumpliendo con los cupos que están establecidos por ley.

La entrega de viviendas a personas con discapacidad es una política instalada en Mendoza. Recordemos que la Ley nacional 26182 establece un cupo del 5% a destinar a las personas con discapacidad y a su familia. Las unidades poseen rasgos específicos, como baños adaptados, barandas, rampas de acceso y puertas más anchas, entre otras características.

En 2020 en Mendoza el porcentaje fue de 8,87%, con 75 soluciones; en 2021 fueron 82, que representaron 9,98%; en 2022 llegaron a 7,03%, con 50 soluciones. En 2023, las unidades subieron a 126, representando el 6,18%, En tanto, para 2024 aún no hay datos precisos, ya que este relevamiento se realiza concluido el ejercicio anual.

Plena inclusión y dinámica federal

La plena inclusión social se logra cuando el servicio que brinda una repartición es igual para todos los usuarios sin distinción de género o de atención, como en el caso de las personas que requieren un trato más especializado.

En el caso de la vivienda, el IPV cumple un rol muy importante, ya que atiende la necesidad habitacional cualitativa y cuantitativa. Es decir, tanto la demanda de viviendas nuevas como la mejora de la calidad de vida de aquellas familias que, si bien tienen dónde vivir, lo hacen en situaciones de precariedad o hacinamiento.

Los municipios son los encargados de priorizar la demanda en el caso de los programas de viviendas descentralizados como Mendoza Construye línea I y Mejoro Mi Casa. Así, la construcción de viviendas y las adaptadas y las intervenciones con mejoramientos suelen proyectarse y distribuirse de acuerdo con el requerimiento de la Comuna interviniente.

Para ello, el IPV solicita un informe de la discapacidad que será atendida y las adaptaciones que serán necesarias en ese caso. Por ejemplo, si se trata de una persona que utiliza silla de ruedas para movilizarse, la vivienda poseerá dimensiones especiales en baño, circulaciones y aberturas de puertas, y será equipada con artefactos de baño especiales y accesorios para apoyo en ducha e inodoro.

Para el programa IPV Mi Casa se estableció que un porcentaje de la totalidad de viviendas a construir fueran destinadas a personas con discapacidad motriz. La inscripción para estas unidades se realizó de manera separada del resto, siendo un requisito excluyente presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).