El sindicato quenuclea a los profesionales de la Salud en Mendoza, Ampros, ha convocado a susafiliados para iniciar acciones colectivas por la inconstitucionalidad de laemergencia previsional que suspendió la Ley de Movilidad y la regresividad delos derechos de las personas mayores.

Con algunos matices, la iniciativa de Ampros va en lamisma línea que la cautelar colectiva presentada la semana pasada por eldefensor de La Tercera Edad, Eugenio Semino, la cual contó con el aval y lafirma de más de 7000 jubilados. En el caso de Ampros serían unos 2000 jubiladoslos que estarían en condiciones de sumarse a la medida judicial. 

Carlos Alico, abogado de Ampros, explicó a Diario Voxque la medida judicial que se presentará en la Justicia Federal contra Ansesapunta a resguardar los intereses de jubilados que perciben el haberprevisional medio, que es el que cobran la mayoría de los afiliados alsindicato.

Lajubilación mínima de un profesional de la salud en Mendoza es de $25.000 y lamáxima puede llegar hasta los $65.000. En ese sentido, Alico advirtió que sibien son montos que pueden sonar elevados, se trata de profesionales que hantrabajado 55 horas semanales, con el máximo escalafón en la administraciónpública y que se jubilaron con el 35 o 40 por ciento de su salario. 

“Nosotros hemos realizado un estudio que demuestra quecon el bloqueo a la movilidad jubilatoria los afiliados perderían un 4%,tomando como referencia la fórmula antigua, y entre un 9.5 y 10 por ciento conla nueva fórmula incluida en la modificación a la ley de movilidad de 2017”afirmó el abogado.

Respectoa la postura de algunos especialistas en derecho previsional que consideran queel pedido de inconstitucionalidad o los amparos no prosperarán debido a que lasmedidas han sido tomadas en un contexto de emergencia económica, Alico señalóque “la acción de inconstitucionalidad está bien fundada porque recae sobre elaumento que se iba a aplicar con la base de cálculo del segundo semestre de2019 y eso era un derecho consolidado”. 

En ese sentido aclaró que en caso de que el gobiernoestablezca un nuevo régimen de movilidad que equipare o supere lo que se estáreclamando la medida judicial, quedaría en abstracto (sin efecto) ya que noafectaría ningún derecho.

Fuente: Vox Populi