La capacitación se centró en la aplicación uniforme de normativas clave, como las leyes N° 9.103 y N° 9.003, que les resulta útil a los profesionales de la oficina para reducir errores y garantizar una mayor coherencia en la tramitación de los sumarios administrativos.

La actualización constante del equipo jurídico se enmarca en la política de modernización del Estado provincial, en línea con los principios de transparencia, eficiencia y eficacia que exige la Ley de Ética Pública. En ese sentido, en la jornada de capacitación también participaron abogados de las oficinas de asesorías legales del Poder Ejecutivo, de algunos municipios y de los hospitales centralizados de la provincia.

La profesionalización del personal de la Oficina General de Sumarios tiene un impacto directo en la sociedad. Un equipo capacitado asegura que los procedimientos disciplinarios respeten el debido proceso administrativo, garantizando así el derecho a defensa, un plazo razonable para la resolución y el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Esto, a su vez, contribuye a fortalecer la confianza en el Estado.

Además, al aplicar correctamente las normas, la Oficina General de Sumarios actúa como un órgano de control crucial para prevenir la arbitrariedad, los abusos y la corrupción en la administración pública, reforzando así las bases de la institucionalidad democrática.

La mejora en la técnica jurídica también reduce los tiempos procesales, lo que evita demoras innecesarias que podrían perjudicar tanto a los agentes involucrados como a los organismos y, en última instancia, a toda la sociedad.

Esta capacitación no es sólo un beneficio interno, sino que también se proyecta directamente en la calidad del servicio público. Un sumario bien tramitado no es únicamente una sanción, sino una herramienta fundamental para corregir irregularidades, mejorar la conducta de los agentes y optimizar el funcionamiento de todo el aparato estatal, garantizando así que los recursos públicos se administren con responsabilidad y que los derechos de los ciudadanos estén protegidos.