El caso de la alumna de La Paz que estuvo atrincherada 5 horas en la escuela Marcelino Blanco con un arma, luego de realizar detonaciones al aire y apuntar contra una docente, fue el detonante para que la Dirección General de Escuelas (DGE) introduzca modificaciones en el Código Contravencional.

Los cambios apuntan al rol de los padres en estudiantes que generen situaciones de violencia escolar.

Fuentes de la DGE destacaron la responsabilidad de los adultos o tutores en este tipo de situaciones en las que la alumna del secundario usó el arma de su papá comisario, con funciones en San Luis.

El rol de los padres y las alarmas para la prevención de la violencia escolar

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, evaluó que en los próximos 15 días estarán listos los cambios con el objetivo de que los padres tengan algún tipo de consecuencias por la mala conducta y la afectación de la vida en la comunidad escolar.

En la actualidad son sancionados por el Código Contravencional los padres que no envían a sus hijos a las escuelas, siendo la instrucción primaria y secundaria obligatorias. La Justicia de Paz ya ha aplicado sanciones en esa línea.

Otra de las acciones paralelas de la DGE tiene que ver con un registro de denuncia de los casos de violencia escolar mediante el 911. 

Disparos al aire y la amenaza latente de un arma en la escuela

Las autoridades del Ministerio de Seguridad y la DGE recalcaron que es el primer caso en Mendoza en el que un alumno armado pasa varias horas en el interior de la escuela con la amenaza latente de lastimarse o lesionar a un compañero o docente.

Hubo chicos hospitalizados por la conmoción e incluso una profesora fue internada en estado de shock en el hospital departamental. La alumna permanece internada en el Notti, donde recibe la atención necesaria tras el traumático episodio que protagonizó.

A nivel nacional, el primer antecedente documentado ocurrió en mayo de 1997, cuando un estudiante de 14 años robó el arma de su padre, integrante de Gendarmería Nacional, y mató a un compañero en una escuela de la provincia de Buenos Aires. Aquella muerte inauguró un tipo de episodio hasta entonces nunca antes registrado en América Latina y encendió una discusión pública sobre el acceso a armas en hogares con menores de edad.