En un plenario extraordinario celebrado en Buenos Aires, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que el sistema de universidades públicas recurrirá a la Justicia para demandar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. 

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), como integrante clave del sistema, se suma a esta decisión colectiva. La medida surge luego de que el Gobierno Nacional suspendiera la aplicación de la legislación, ya sancionada y promulgada, a través de un decreto que pospone su ejecución hasta definir las fuentes de financiamiento.

Violación a la división de poderes, el eje del reclamo

La postura de los rectores se centra en que la suspensión de una ley ratificada por el Congreso a través de un decreto presidencial constituye una violación directa a la división de poderes. El decano anfitrión, Leandro Vergara, fue enfático al señalar que “un decreto no puede suspender una ley”, advirtiendo sobre el peligro institucional de “naturalizar el incumplimiento de normas con amplia legitimidad social, institucional y política”. La Ley, aprobada en agosto y ratificada por el Congreso en octubre, sigue sin aplicarse, situación que el sistema universitario considera que se basa en “fundamentos inválidos”.

Por su parte, Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN, subrayó la seriedad y responsabilidad del sistema universitario al agotar las vías institucionales, destacando que "ahora corresponde acudir a la Justicia para garantizar que la ley se cumpla efectivamente". La acción legal no solo busca la inmediata puesta en marcha de la norma, sino también que su base presupuestaria se incorpore de manera obligatoria al Presupuesto Nacional 2026.

Este planteo marca un paso decisivo en el conflicto universitario por los recursos, el cual se desarrolla en un contexto de creciente tensión presupuestaria que afecta tanto a las casas de estudio como al cuerpo docente y no docente. Las universidades consideran urgente garantizar los fondos que esta ley establece para asegurar su normal funcionamiento.