La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la empresa distribuidora EDEMSA y confirmó la validez de las decisiones del EPRE, reafirmando la potestad de la Provincia para regular el servicio eléctrico y proteger los derechos de los usuarios.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió rechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por la distribuidora EDEMSA en la causa iniciada contra el EPRE, vinculada a la aplicación de sanciones previstas en el contrato de concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica.
Mediante esta resolución definitiva, el máximo tribunal provincial dejó firme la sentencia que había validado las actuaciones del EPRE, las cuales rechazaron los recursos administrativos presentados por la distribuidora EDEMSA debido al incumplimiento del requisito de pago previo de las sanciones, conforme a lo expresamente establecido en el contrato de concesión.
En su fallo, la Suprema Corte sostuvo que no se configuraba una cuestión federal que habilitara la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tratarse de un conflicto regido por normas de derecho público local y por el marco regulatorio eléctrico provincial. Asimismo, descartó la existencia de arbitrariedad y afirmó que la decisión cuestionada constituye una derivación razonada del derecho vigente, con adecuada valoración de los antecedentes y circunstancias del caso.
El Tribunal remarcó que el mecanismo de pago previo de las multas para recurrir en sede administrativa fue aceptado voluntariamente por EDEMSA al suscribir el contrato de concesión del servicio eléctrico, y posteriormente ratificado mediante acuerdos y normas provinciales. En ese sentido, destacó que este régimen tiene como finalidad resguardar los derechos de los usuarios y garantizar la correcta y continua prestación del servicio público.
Con esta decisión, la Justicia de Mendoza reafirma la potestad regulatoria de la Provincia en materia de servicios públicos esenciales y consolida el rol del EPRE como autoridad de control del servicio eléctrico, fortaleciendo la protección de los usuarios y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las empresas concesionarias.