La justicia mendocina se encuentra frente a un escenario de abierta contradicción que obligará al Estado provincial a realizar un millonario desembolso. El Tribunal Cuarto de Gestión Asociada condenó a la Provincia a pagar 101.340.000 pesos a una suboficial ayudante del Servicio Penitenciario que denunció a su superior por acoso laboral y violencia de género. Sin embargo, en paralelo, la Justicia Penal decidió sobreseer al oficial acusado por los mismos hechos, al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.

Fallos contrapuestos y la falta de pruebas en el fuero penal

El oficial alcaide mayor implicado, Leonardo Musolino, fue sobreseído el pasado 4 de febrero por los delitos de lesiones graves y amenazas, ambos en contexto de violencia de género. La Unidad Fiscal especializada tomó esta determinación tras un pedido de la defensa, fundamentado en la ausencia de elementos probatorios y en los testimonios de los propios compañeros de trabajo de la denunciante. Según el expediente penal, al menos seis agentes declararon que el trato del jefe era cordial y respetuoso, desconociendo cualquier episodio de hostigamiento.

En la vereda opuesta, el fallo del fuero civil consideró que existió un nexo causal directo entre el cuadro psicológico de la mujer y su entorno de trabajo. Los magistrados civiles determinaron que la agente fue víctima de hostigamiento laboral o "mobbing", señalando que los abusos, la discriminación y el trato despectivo crearon un ambiente de maltrato constante. Para este tribunal, el daño psicológico afectó la integridad psicofísica de la mujer y, por lo tanto, merece ser resarcido por el Estado con la suma mencionada.

Esta disparidad de criterios ha generado una fuerte polémica en el ámbito legal mendocino. Mientras que las pericias psicológicas en lo civil hablaron de trastornos graves derivados de la violencia institucional, en lo penal las mismas evaluaciones mencionaron cuadros de ansiedad asociados a "ideas sobrevaloradas" sobre lo vivido en el trabajo. Además, el expediente administrativo abierto en la Inspección General de Seguridad (IGS) también terminó en archivo al no encontrarse testimonios que respaldaran la versión de la denunciante entre el personal.

La resolución civil hace hincapié en la responsabilidad de la Provincia como empleadora y garante de un ambiente laboral sano. No obstante, la ausencia de una condena penal contra el presunto agresor deja un vacío legal sobre la autoría de los hechos que ahora el fisco debe indemnizar. Expertos en derecho analizan si esta situación se debe a una diferencia en la valoración de las pruebas por parte de los magistrados o a una disparidad en las estrategias de defensa y querella en cada fuero.

Por el momento, el fallo civil representa una sentencia de peso que obliga a las arcas públicas a afrontar una cifra cercana a los 101 millones de pesos. Mientras tanto, el oficial Musolino ha quedado libre de culpa y cargo en las instancias penales y administrativas, lo que marca un precedente complejo sobre cómo se juzgan los casos de violencia laboral e institucional dentro de las fuerzas de seguridad de Mendoza.