El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de reducción del empleo público y reestructuración estatal. Este lunes, mediante la Resolución 68/2026 publicada en el Boletín Oficial, se oficializó la implementación del "Plan de Retiros de Voluntad Recíproca" (RVR) destinado exclusivamente al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La normativa, que lleva la firma del director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi, busca incentivar la desvinculación de agentes de planta permanente bajo la modalidad de mutuo acuerdo. Según los fundamentos de la medida, el plan se alinea con las directivas de la Secretaría de Transformación del Estado para lograr una administración "más eficiente" de los recursos humanos en una de las dependencias con mayor dotación del sector público.

Las condiciones del retiro

El programa no es universal para todos los trabajadores del organismo. Para acceder, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos y ajustarse a un cronograma estricto:

•     Antigüedad: Solo podrá adherirse el personal de planta permanente que cuente con al menos dos años de aportes efectivos en ANSES.
•     Indemnización: El esquema contempla el pago de una gratificación extraordinaria equivalente al 90% de la remuneración bruta mensual por cada año de antigüedad.
•     Tope máximo: La suma total a percibir por el trabajador no podrá exceder el equivalente a 24 haberes brutos.
•     Fecha límite: Los empleados tienen tiempo hasta el próximo 5 de abril para presentar su solicitud de adhesión.

Impacto y resistencia gremial

La medida se suma a procesos similares ya iniciados en los medios públicos y el Congreso de la Nación. Desde el Ejecutivo sostienen que estas bajas son necesarias para aliviar el gasto público y reorganizar áreas que consideran sobredimensionadas.

Sin embargo, el anuncio despertó una reacción inmediata de los gremios del sector (APOPS, SECASFPI y ATE), que se declararon en estado de alerta. Los sindicatos advierten que la salida de personal especializado, especialmente en las Unidades de Atención Integral (UDAI), podría derivar en un "desmantelamiento" operativo que afecte el otorgamiento de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en todo el país.