A través de la Resolución 15, el Ministerio de Energía y Ambiente oficializó una nueva estructura para fiscalizar industrias, minería y residuos. Buscan agilizar trámites y endurecer el monitoreo técnico en toda la provincia.
El esquema de control ambiental en Mendoza dejó de ser el mismo. Tras tres décadas de funcionar bajo un modelo que ya no respondía a la velocidad de las nuevas industrias, el Gobierno Provincial oficializó este jueves la nueva estructura de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, a cargo de Leonardo Fernández.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, no es solo un cambio de nombre (antes Dirección de Protección Ambiental), sino una reorganización profunda de sus capacidades operativas. El objetivo central de la ministra Jimena Latorre es modernizar el cuerpo de inspectores y unificar criterios de control para que la fiscalización sea técnica, eficiente y, sobre todo, preventiva.
La resolución establece tres coordinaciones estratégicas que dividirán las tareas de vigilancia en el territorio mendocino:
Desde el Ejecutivo explicaron que esta nueva estructura busca eliminar los "cuellos de botella" burocráticos. Al tener áreas más específicas y profesionales, se espera que los procesos de permisos ambientales para nuevos emprendimientos sean más rápidos, pero con auditorías mucho más rigurosas.
Además, se buscará una articulación directa con el Departamento General de Irrigación y los municipios para evitar que las empresas tengan que realizar trámites duplicados, unificando el estándar ambiental de la provincia bajo un mismo sello de gestión moderna y desarrollo sostenible.