Tras una semana marcada por la angustia de padres y docentes ante mensajes que circulaban en redes sociales anunciando presuntos ataques armados en establecimientos educativos, el sistema judicial y escolar mendocino comenzó a aplicar sanciones. "El que las hace, las paga en Mendoza", sentenció Tadeo García Zalazar.

El ministro confirmó que hay tres alumnos imputados, todos en edad de imputabilidad, por promover y sostener amenazas agravadas en entornos digitales. Según García Zalazar, los jóvenes no solo difundieron los mensajes, sino que "promocionaron" este tipo de acciones, generando una psicosis colectiva que afectó el dictado de clases y la seguridad emocional de las comunidades educativas.

Responsabilidad compartida y consecuencias legales

El funcionario fue tajante al separar las travesuras delictivas de la realidad: "Las personas que deciden efectuar una amenaza sostenida y agravada tienen que pagar las consecuencias. Esto no es una broma, es un delito".

Además, la advertencia del Gobierno no se limita únicamente a los estudiantes. García Zalazar apeló a la responsabilidad parental y recordó que la normativa vigente permite actuar contra los adultos responsables:

• Código Contravencional: Establece sanciones económicas y de conducta para los padres o tutores de menores que incurran en estas faltas.
• Justicia Penal: Los tres alumnos ya enfrentan procesos judiciales por el delito de amenazas.

Diálogo en el hogar

Desde la DGE instaron a las familias a dialogar con sus hijos sobre el uso responsable de las redes sociales y el impacto real de este tipo de "tendencias" violentas. "Amenazar de muerte a un compañero no es bueno y tendrá todo el peso de la ley encima", concluyó el ministro, quien evitó difundir los nombres de las escuelas afectadas para proteger la identidad de los menores y la integridad del proceso judicial.