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Alerta en Mendoza por amenazas de tiroteos: hubo 25 denuncias en 48 horas pero la DGE ratificó las clases

El Gobierno provincial confirmó que este viernes se mantienen las actividades escolares con normalidad. En los últimos dos días se dispararon las advertencias anónimas y se activaron protocolos de seguridad en escuelas públicas y privadas.

Viernes, 17 de Abril de 2026

La tensión escaló en Mendoza y el miedo se metió de lleno en las aulas. En cuestión de horas, mensajes anónimos, advertencias de supuestos tiroteos y cadenas virales generaron un clima de incertidumbre que obligó a evacuar establecimientos y desplegar operativos de seguridad en distintos puntos de la provincia.

Ante la ola de rumores y un mensaje falso que circuló cerca de la medianoche sobre una presunta suspensión de actividades, la Dirección General de Escuelas (DGE) salió a cortar de raíz las versiones: este viernes 17 hay clases con normalidad en todo el territorio provincial.

Una estadística que estremece

El dato que explica la magnitud de la crisis es alarmante: en apenas 48 horas se registraron al menos 25 amenazas de tiroteo en escuelas mendocinas. Este fenómeno no solo obligó a la intervención de la Justicia y el Ministerio de Seguridad, sino que reactivó un trauma latente en la provincia: entre 2023 y 2025 se contabilizaron 22 ingresos de armas a establecimientos educativos.

El rol de la comunidad y las familias

Desde la DGE insistieron en la necesidad de actuar con responsabilidad frente al pánico digital. Pidieron a los padres y alumnos no difundir información no verificada que solo busca amplificar el caos.

Si bien las puertas de las escuelas están abiertas, el escenario es complejo:

  • Custodia policial: Se reforzó la presencia de efectivos en los establecimientos señalados por las amenazas.
  • Protocolos activos: Los directivos tienen instrucciones precisas sobre cómo actuar ante cualquier movimiento sospechoso.
  • Estado de alerta: Aunque las clases siguen, el ausentismo se hizo notar en las primeras horas de la mañana debido al temor de las familias.


La Justicia ya trabaja en el rastreo de las direcciones IP y las cuentas desde donde se originaron las cadenas, buscando identificar a los responsables de lo que ya se considera un delito de intimidación pública agravada.