El gobernador Alfredo Cornejo anunció el lanzamiento de un plan de viviendas diseñado específicamente para los docentes mendocinos que trabajan en la provincia. El programa se basa en una articulación entre el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), desarrolladores privados y entidades bancarias para facilitar el acceso a créditos hipotecarios. Esta iniciativa contempla préstamos a pagarse en un plazo de hasta 30 años, buscando brindar una solución habitacional definitiva a un sector clave de la administración pública.

Esquema financiero y requisitos para la postulación

Para calificar, el grupo familiar interesado debe acreditar ingresos equivalentes a cinco salarios mínimos, vitales y móviles, lo que hoy representa aproximadamente 1,4 millones de pesos. El esquema prevé que el crédito bancario cubra el 80% del valor de la propiedad, mientras que el 20% restante debe ser aportado por el docente como ahorro previo. Dicho monto, estimado entre 20 y 25 millones de pesos, podrá financiarse en cuotas durante un periodo de 12 o 24 meses, dándose prioridad a los docentes que posean titularidad.

La primera etapa de este plan estima la construcción de 250 casas de unos 60 metros cuadrados, con un valor de mercado por unidad de entre 100 y 120 millones de pesos. El cronograma oficial establece que durante el mes de mayo se abrirán los pliegos para las empresas constructoras en terrenos fiscales o privados. En tanto, la preinscripción para los docentes comenzará a mediados de junio a través de la plataforma digital del IPV, donde cada postulante podrá elegir el proyecto habitacional según su ubicación.

Es importante señalar que la entrega de la vivienda estará vinculada al cumplimiento del ahorro previo por parte del adjudicatario. Los terrenos para estas obras se encuentran proyectados en zonas estratégicas como Guaymallén, Ciudad y San Rafael. Este modelo busca agilizar la construcción y entrega mediante la participación del sector privado bajo la supervisión del Estado provincial, garantizando la calidad de las obras y la transparencia en la adjudicación.

Finalmente, el Gobierno impulsa de forma paralela una línea similar para el resto de la sociedad mendocina con otras 350 viviendas adicionales. Este segundo plan apunta a familias que ya están inscriptas en las bases del IPV y que poseen capacidad de ahorro. De esta manera, Mendoza busca diversificar la oferta habitacional, permitiendo que el Estado actúe como facilitador de tierras mientras el financiamiento principal recae en el sistema bancario y el esfuerzo de los beneficiarios.