El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca agilizar la recuperación de viviendas sociales adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El objetivo principal de la reforma es garantizar la función social de la propiedad, asegurando que las unidades construidas con fondos públicos sean habitadas por quienes realmente las necesitan. La iniciativa surge tras detectar numerosas irregularidades, como el abandono de los inmuebles, el falseamiento de datos y la comercialización informal de estas propiedades.

Claves para acelerar las desadjudicaciones y el recupero

El proyecto propone modificar el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia para eliminar pasos burocráticos, como la homologación judicial previa. De aprobarse, los desalojos pasarían a tramitarse en la Justicia de Paz de forma inmediata una vez firme la desadjudicación administrativa. Con esta vía más rápida, el IPV podrá localizar inmuebles en situación irregular y reasignarlos rápidamente a familias que integren el padrón de aspirantes y cumplan con los requisitos de habitabilidad y pago.

Según datos oficiales, el organismo ya inició 413 expedientes de desadjudicación durante el transcurso de este año. Las estadísticas son contundentes: el 90 por ciento de los casos se deben a la falta de pago de las cuotas, un 7 por ciento corresponde a viviendas que fueron puestas en alquiler —una práctica prohibida— y el resto a una combinación de ambos factores. El presidente del IPV, Gustavo Cantero, aclaró que no se trata de una persecución, sino de una exigencia para que los beneficiarios paguen su cuota o efectivamente residan en el lugar.

Un punto que encendió las alarmas de las autoridades fue el hallazgo de viviendas sociales publicadas en plataformas digitales de alquiler, como ocurrió en el complejo Eusebio Blanco de Capital. Si bien existen excepciones transitorias por salud o traslados laborales que permiten alquilar la propiedad, estas deben contar con una autorización previa del Instituto. Sin ese aval, la oferta de la vivienda en el mercado inmobiliario privado es motivo suficiente para iniciar el proceso de quita del beneficio de forma directa.

La nueva normativa busca fortalecer la sostenibilidad del sistema habitacional mendocino, donde el recupero de las cuotas es vital para financiar nuevos barrios. Al dotar al IPV de presunción de legitimidad en sus actos administrativos, se espera reducir los tiempos de litigio que antes demoraban años. Así, la provincia busca enviar un mensaje claro: las viviendas del Estado son para quienes las habitan y cumplen con sus obligaciones, protegiendo el derecho de miles de mendocinos que aún esperan por su techo propio.