El debate por la continuidad de la Tarifa Diferencial por Zona Fría encendió las alarmas en Mendoza ante el crudo frente polar que afecta a la región. 

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional propone desarmar el actual sistema de subsidios masivos al gas y reemplazarlo por un esquema de asistencia focalizada. Si la iniciativa avanza en el Congreso, más de 250 mil hogares mendocinos dejarán de recibir los descuentos en sus facturas y afrontarán aumentos que, en los casos más severos, llegarán al 100%.

Los nuevos requisitos económicos y el impacto en las tarifas residenciales

La propuesta oficial busca eliminar definitivamente el criterio geográfico implementado en 2021 y avanzar hacia un tope basado estrictamente en las condiciones socioeconómicas de cada grupo familiar. De este modo, podrán conservar el beneficio únicamente aquellos hogares cuyos ingresos netos no superen las tres Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC, un límite que en Mendoza ronda actualmente los 4 millones de pesos mensuales. Asimismo, la normativa mantendrá exceptuados a los veteranos de Malvinas y a familias con integrantes que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Esta modificación estructural impactará de forma directa sobre el 60% de los usuarios residenciales de la provincia. Quienes hoy gozan de una reducción del 30% en sus boletas pasarán a sufrir incrementos cercanos al 43%, mientras que los sectores vulnerables que reciben el 50% de subsidio podrían llegar a pagar el doble que durante el invierno pasado. El trasfondo de la medida radica en el fuerte déficit del fondo fiduciario que financia el sistema, el cual genera un bache de 300 millones de dólares anuales y obliga al Ejecutivo a reestructurar con urgencia el esquema tarifario nacional.