Mendoza, de de
Mendoza, de de
El Ejecutivo provincial oficializó la millonaria partida presupuestaria para medir la realidad social mendocina. Sin embargo, un insólito problema tecnológico mantiene ocultos los últimos indicadores críticos de la provincia.
El gobernador Alfredo Cornejo ratificó mediante el Decreto Nº 979 una inversión pública que asciende a $216.647.200 destinada a financiar la Encuesta Urbano-Rural de Condiciones de Vida.
El relevamiento, coordinado de manera conjunta entre el Ministerio de Gobierno y la Fundación ArgenINTA, tiene la finalidad de recopilar indicadores actualizados sobre los ingresos económicos, la educación, la infraestructura habitacional y el acceso a la salud de las familias en todo el territorio provincial.
A pesar de la relevancia institucional y del millonario despliegue de fondos, el anuncio oficial reavivó una fuerte controversia en el ámbito civil y político. Las autoridades de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) admitieron que los datos sociales correspondientes a octubre de 2025 aún no fueron publicados debido a una insólita falla técnica generalizada en el sistema operativo de las tablets que utilizaron los censistas para procesar la información de campo en las viviendas.
Ante este severo inconveniente, el organismo estadístico local debió solicitar asistencia de urgencia al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para intentar recuperar, depurar y computar los registros digitales dañados.
Según prometieron desde la gobernación, el conflictivo informe del año pasado será difundido de forma unificada antes del mes de septiembre junto con los resultados de la medición que se ejecutará durante este semestre, intentando saldar un bache de información sensible que genera suspicacias en la opinión pública.
