Mendoza, de de
Mendoza, de de
El peronismo rechazó el proyecto oficialista al advertir el riesgo de desalojos injustos para familias vulnerables. La reforma que agiliza las desadjudicaciones de casas sociales ya avanza hacia el Senado.
La Cámara de Diputados de Mendoza otorgó media sanción al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que modifica el funcionamiento del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
La iniciativa oficialista busca agilizar los procesos de desadjudicación y recuperación de casas entregadas por el Estado en casos de incumplimientos graves por parte de los beneficiarios. El tratamiento legislativo coincide con la reciente intimación masiva a 50 adjudicatarios que arrastran deudas crónicas en la provincia, abriendo un intenso debate sobre el rol social de la vivienda pública.
La propuesta, que ahora será analizada por el Senado mendocino, cosechó un firme rechazo por parte del bloque peronista. Los legisladores de la oposición votaron en contra tras advertir que la norma propuesta no distingue entre los infractores deliberados y las familias en situación de vulnerabilidad económica que enfrentan dificultades reales para afrontar las cuotas.
Desde el PJ señalaron que acelerar los mecanismos de quita de viviendas sin un análisis socioeconómico pormenorizado profundizará el déficit habitacional y generará desahucios injustos en los distintos departamentos.
Por su parte, el frente oficialista defendió la reforma argumentando la necesidad urgente de optimizar los recursos del Estado. Señalaron que las herramientas vigentes dilatan los plazos administrativos y que la actualización legal permitirá actuar con mayor rapidez ante el abandono de inmuebles, la morosidad sostenida o el alquiler ilegal de las propiedades.
Con esta flexibilización de los plazos de desalojo, el Gobierno provincial pretende regularizar el sistema de cobros y agilizar la reasignación inmediata de los inmuebles recuperados a las familias mendocinas que permanecen inscriptas en las listas de espera del IPV.
