La investigación judicial por la muerte de una niña de 3 años en el Valle de Uco dio un importante vuelco luego de que las autoridades ordenaran la liberación de sus padres, al perder fuerza la hipótesis inicial sobre un posible caso de maltrato infantil. Un adelanto de la necropsia determinó que la menor de edad no presentaba ningún tipo de lesiones físicas externas ni internas, aunque los estudios forenses complementarios todavía no logran definir de manera científica cuál fue la causa biológica exacta de su fallecimiento.

Alerta hospitalaria, peritajes forenses y una detención por violencia de género

Las alarmas del sistema público de salud se encendieron el pasado sábado por la tarde. Una pareja de agricultores, que trabajan y residen en una finca del departamento de San Carlos, trasladó de urgencia a su hija de 3 años hasta las instalaciones del Hospital Scaravelli, en Tunuyán, aunque los profesionales médicos constataron que la nena lamentablemente ya había ingresado sin signos vitales. Ante el luctuoso hecho, los progenitores (un hombre de 29 años y una mujer de 26) brindaron versiones iniciales que resultaron algo difusas para el personal de guardia, relatando que la pequeña se encontraba jugando con sus hermanos en el patio de la vivienda cuando de un momento a otro se desvaneció.

Debido a las dudas lógicas del cuadro, los facultativos del hospital activaron de inmediato el protocolo de rigor ante sospechas de maltrato infantil, una medida preventiva que derivó en la aprehensión policial de ambos padres por disposición de los magistrados intervinientes. La causa penal quedó bajo la órbita de la fiscal regional Eugenia Gómez, quien solicitó de urgencia las pericias correspondientes. El informe preliminar de la autopsia trajo luz a la situación al certificar de manera oficial que la pequeña no tenía signos de violencia en el cuerpo, así como tampoco lesiones óseas ni fracturas recientes o de vieja data, lo que motivó el cese de la detención por el hecho principal.

A pesar de haber quedado desvinculado de la muerte de su hija, el padre de la menor no pudo abandonar la dependencia policial debido a sus antecedentes judiciales. Según revelaron fuentes allegadas al expediente, el hombre de 29 años arrastraba una condena previa dictada en mayo de 2025 por dos causas de violencia de género tras agredir físicamente a su actual pareja. En aquella oportunidad, el tribunal le había impuesto una pena de 1 año de prisión en suspenso y una restricción de acercamiento estricta hacia la mujer.

Con este escenario complejo, la Fiscalía de Instrucción ahora debe determinar con precisión los motivos por los cuales los integrantes de la pareja convivían nuevamente en la misma finca rural y verificar si todavía se mantenía con plena vigencia legal la orden de restricción mutua. Mientras el plano familiar se reconfigura tras la tragedia, los investigadores en los Tribunales de Tunuyán aguardan los resultados de los análisis de laboratorio e histopatológicos definitivos para resolver el misterio médico en torno al deceso de la pequeña.