Mendoza, de de
Mendoza, de de
El máximo tribunal mendocino dictó un fallo plenario unánime que suspende de forma urgente la obligación de pago y el secuestro de vehículos en el pleito contra ocho automotrices.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictó un fallo plenario histórico que trajo un alivio definitivo para miles de familias de clase media. Con la firma unánime de seis de sus siete magistrados, el máximo tribunal provincial suspendió el fallo civil de segunda instancia que obligaba a 30.000 ahorristas mendocinos a pagar millonarias deudas acumuladas por el aumento desmedido en las cuotas de sus planes de ahorro.
La resolución judicial congela de manera inmediata los plazos de ejecución vigentes, neutralizando temporalmente el conflicto colectivo que enfrenta a los consumidores con ocho de las principales terminales automotrices que operan en el mercado nacional.
La decisión liderada por el presidente del tribunal, Dalmiro Garay, admitió un recurso extraordinario de urgencia y determinó que las empresas no podrán secuestrar ni rematar los autos prendados de los clientes damnificados.
La medida civil retrotrae el escenario de vulnerabilidad en el que habían quedado los usuarios luego de que la Segunda Cámara de Apelaciones anulara en abril el histórico fallo de primera instancia de la jueza Fabiana Martinelli. Aquella sentencia previa obligaba a las corporaciones a recalcular el valor móvil de los vehículos utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) diseñado por el INDEC.
A partir de esta notificación oficial, se abre un periodo formal de quince días hábiles para que las áreas legales de las automotrices se den por enteradas. Los especialistas judiciales confirmaron que el expediente regresará a comisiones y, una vez concluida la feria judicial de invierno, la Suprema Corte estará en condiciones técnicas de emitir la sentencia definitiva e inapelable que resolverá un litigio social que ya acumula más de seis años de debate en la provincia.
