Mendoza, de de
Mendoza, de de
La medida baja la edad de imputabilidad, reimplanta penas de hasta 15 años para delitos graves y exigirá separar por franjas de edad a los menores alojados.
Mendoza se convertirá en la primera provincia del país en reunir las condiciones técnicas e institucionales para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil a partir del 1 de septiembre. La reforma, contenida en la Ley 27.801, baja la edad de imputabilidad a los 14 años y establece penas máximas de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, abusos sexuales y robos violentos, además de prohibir estrictamente que los menores convivan con detenidos mayores de edad.
A pesar de que inicialmente se planteó la necesidad de grandes inversiones, desde el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad del Aconcagua señalaron que la capacidad instalada de la provincia permitirá absorber la demanda en una primera etapa. Mendoza corre con ventaja al contar desde hace años con la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (ex COSE) y la Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad (UMA).
El subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, explicó que la ampliación de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años obliga a readecuar la infraestructura por género y a segmentar los pabellones, ya que los chicos de 14 y 15 años no podrán estar alojados junto a los de 16 y 17 años. Actualmente, la Unidad de Internación alberga a 41 jóvenes en un espacio cerrado y perimetral, mientras que otros 451 menores se encuentran bajo programas de externación y seguimiento con salidas transitorias supervisadas.
Por su parte, la titular del área de Infancia, Adolescencia y Juventudes, Verónica Álvarez Ocampo, detalló que desde hace dos años se realizan mejoras de habitabilidad en cinco sectores del predio. Las obras incluyen refacciones en habitaciones, sanitarios, patios internos y áreas recreativas. La funcionaria reconoció que la reforma judicializará a una mayor cantidad de adolescentes, pero aclaró que el incremento de internos en el sistema cerrado dependerá de las resoluciones de la Justicia Penal de Menores.
Para aplicar el esquema nacional, Mendoza avanza en la redacción de su propio Código Procesal Penal Juvenil. Bajo la nueva normativa, los menores de edad responderán por la totalidad de los delitos del Código Penal y no por un listado acotado como rige actualmente. Sin embargo, el sistema promoverá sanciones alternativas a la prisión para condenas menores de 3 a 10 años, tales como el uso de tobilleras electrónicas, apercibimientos o la prohibición de acercamiento a las víctimas.
Con el fin de evitar la reincidencia, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó la incorporación de la figura del supervisor, un rol de asistencia personalizada conformado por profesionales de la salud mental, el derecho y el ámbito social. Asimismo, la provincia implementará un software de gestión unificado que centralizará las historias clínicas, familiares y judiciales de los jóvenes en conflicto con la ley, optimizando el flujo de datos para los magistrados intervinientes.
