El gobernador Alfredo Cornejo oficializó la promulgación de la Ley 9.715. La normativa, publicada en el Boletín Oficial, introduce reformas estructurales al funcionamiento del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y al Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. 

El propósito central de la legislación es agilizar la restitución de unidades habitacionales cuando un beneficiario haya sido desadjudicado por resolución administrativa, incorporando un proceso monitorio de desalojo rápido para recuperar inmuebles de manera célere.

El nuevo procedimiento judicial y los alcances de la normativa

La nueva legislación entrará en vigencia dentro de 30 días y representa un cambio drástico en las reglas de juego. A partir de su aplicación, el título suficiente para promover la demanda judicial de desalojo será la resolución de desadjudicación firmada por la autoridad del IPV, acompañada por su debida constancia de notificación. El procedimiento se tramitará bajo las reglas del proceso monitorio abreviado, limitando los plazos de defensa de los ocupantes que hayan incumplido las normativas de habitabilidad o pago del organismo de vivienda estatal.

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma establece que la presentación de recursos administrativos no suspenderá el desalojo. Quienes apelen una resolución del IPV no podrán frenar el trámite judicial de entrega de la casa de forma automática, a menos que exista una orden expresa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el marco de una Acción Procesal Administrativa. Con esta reforma, la provincia busca recuperar rápidamente las viviendas ociosas o usurpadas para reincorporarlas al sistema de adjudicación social de manera efectiva y reducir el déficit habitacional.