Dos alcaldes de Colombia fueron suspendidos de manera provisional por presuntas irregularidades en el manejo de dinero destinado a asistir a la población afectada por la pandemia de coronavirus, informó hoy la Procuraduría colombiana, confirmando la sanción impuesta meses atrás por el Ministerio Público, mientras el país marca récord en contagios.

El caso del alcalde de Armenia (centro), capital del departamento de Quindío, José Manuel Ríos Morales, tiene que ver con un posible abuso de las potestades contractuales en la selección de proveedores sin idoneidad por más de 1.590 millones de pesos (unos 425.000 dólares), durante la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19.

José Manuel Ríos Morales, alcalde de Armenia.

La otra suspensión es la de Rummenigge Monsalve Álvarez, alcalde de Malambo (norte), municipio del área metropolitana de Barranquilla y perteneciente al departamento del Atlántico. 

Rummenigge Monsalve Álvarez, alcalde de Malambo

Monsalvo Álvarez es investigado por firmar un contrato que no contempla los requisitos legales, por 4.000 millones de pesos (un millón de dólares), informó la Procuraduría.

En total, desde el inicio de la pandemia, Colombia registra 88.591 casos confirmados de coronavirus (4.149 en las últimas 24 horas, récord diario por segundo día consecutivo) y 2.939 muertes por la enfermedad (128 nuevas), informó esta noche el Ministerio de Salud.

Los principales focos siguen siendo Bogotá, con 27.118 casos, seguida de los departamentos de Atlántico (21.189) y Valle del Cauca (9.277).

La Procuraduría también se pronunció sobre la situación en Barranquilla, que tiene más de 1.000 trabajadores del sector salud infectados, y pidió al Ministerio de Salud que “adopte acciones urgentes para la entrega de resultados, tamizajes permanentes y garantía de oferta de servicios", replicó la agencia de noticias EFE.

"Claramente, la situación descrita representa graves riesgos para la garantía de la oferta pública de servicios de salud en esa región del país y demanda acciones inmediatas para conjurar los riesgos epidemiológicos asociados", señaló la Procuraduría en una carta dirigida el ministro de Salud, Fernando Ruiz.