Las penas máximas actuales por violación en este estado son de 21 años de prisión cuando la víctima es adulta y puede llegar a cadena perpetua en el caso de abuso a menores.

Sin embargo, esta nueva ley no ha sido del todo bien recibida por organizaciones que creen que las medidas deberían ir más enfocadas a la prevención y no va a ayudar a resolver un problema de raíz en el país, como son los abusos sexuales.

Antes que la castración, la directora del Centro de Investigación y Documentación de Defensoras de la Mujer (WARDC), Abiola Akiyode-Afolabi, considera que se deberían asegurar medidas para evitar los crímenes y poner en marcha mecanismos que permitan dar una respuesta y asistencia rápida a las denunciantes.

“Lo que provoca el auge de violaciones es la impunidad”, dijo hoy a Efe por teléfono esta activista contra la violencia sexual y física contra las mujeres.

“La castración no es suficiente. El Gobierno tiene que mostrar deseo político al asegurar las condenas a los culpables y un cambio en las normas sociales”, alegó Akiyode-Afolabi.