Esta medida judicial había generado un freno en los planes del Gobierno respecto a la reestructuración de organismos estatales.
El Gobierno nacional ha anunciado que apelará el fallo judicial que, de manera cautelar, dio marcha atrás con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La confirmación provino directamente del portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien utilizó sus redes sociales para comunicar la decisión del Ejecutivo. Esta medida judicial había generado un freno en los planes del Gobierno respecto a la reestructuración de organismos estatales, y ahora se abre una nueva instancia legal en torno al futuro de esta entidad clave en la infraestructura del país.
La resolución judicial que motivó la apelación del Gobierno fue producto de una medida precautoria presentada por el sindicato Sevina, que nuclea a los trabajadores de Vialidad Nacional. El fallo en cuestión ordenó suspender por un plazo de seis meses cualquier tipo de acción administrativa que derivara del decreto que establecía el cierre definitivo del organismo. Esta decisión significó un revés para la administración, que había justificado la disolución de Vialidad como parte de una estrategia para combatir la corrupción en la obra pública.
Previamente, el propio Manuel Adorni había fundamentado la decisión de disolver Vialidad Nacional, argumentando que, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), estas entidades eran consideradas "estructuras centrales en la corrupción de la obra pública". La postura del Gobierno se enmarca en una política de achicamiento y reordenamiento del Estado, con el objetivo de reducir el gasto público y eliminar lo que consideran focos de irregularidades.
La apelación del Gobierno abre una nueva instancia en el conflicto legal, trasladando la definición a un tribunal superior. Esta disputa subraya la tensión entre el Poder Ejecutivo y los sectores sindicales, así como la intervención del Poder Judicial en decisiones de política estatal. El futuro de Vialidad Nacional y sus trabajadores quedará ahora a la espera de la resolución de esta apelación, que será clave para determinar si el organismo avanza hacia su disolución definitiva o si su funcionamiento se mantiene, al menos de forma transitoria.