Por Ignacio Torquemada

Fue una fría madrugada la del 24 de mayo de 1992 en el barrio La Estanzuela. Un joven obrero salía de una fiesta y una discusión con un policía del lugar derivó en una desaparición que hasta el día de la fecha no tiene respuestas. 

Todo comenzó la noche del 23 de mayo, en un baile que se realizaba en una casa del barrio. Según varios testigos, Paulo Christian Guardati tuvo un cruce de palabras con un policía que prestaba servicios en el destacamento de dicho conglomerado.

Ya entrada la madrugada, aproximadamente a las 4.30, Guardati volvió a ver al oficial, pero éste ya se encontraba con ropa de civil. En ese momento se produjo un nuevo incidente, pero esta vez los resultados fueron muy diferentes.

El policía sacó su arma de fuego y comenzó una persecución por el interior del barrio, disparos al aire incluidos, que terminaron con el “arresto” de Christian. Varias personas que presenciaron el momento indicaron que el policía se lo llevó esposado a la comisaría, distante a unas tres cuadras del lugar del hecho. 

Esta sería la última vez que alguien vería con vida a Christian Guardati; también sería el inicio de una causa que sacudió viejos fantasmas del pasado, de los desaparecidos, y que terminaría convirtiéndose en un caso emblemático de la historia policial y judicial mendocina.

La madre de Christian, Hilda Lavizzari, se enteró de lo ocurrido al día siguiente e inmediatamente se dirigió a la comisaría del barrio, pero la respuesta de los oficiales no fue la esperada. Christian Guardati no estaba ahí y en ningún momento había sido detenido. 

Ante la negativa de las autoridades policiales, comenzó un largo y duro peregrinaje que continúa hasta nuestros días. La madre de Guardati se dirigió al 2° Juzgado de Instrucción de Mendoza para realizar la denuncia por la desaparición de su hijo.

Acto seguido, comenzó a recorrer hospitales y morgues en búsqueda de su hijo, siempre con resultados negativos. Ante esto, Hilda Levizzari presentó un habeas corpus ante dicho juzgado, pero el mismo fue rechazado por la respuesta de las fuerzas de seguridad. Ellos no habían detenido a Christian Guardati.

La democracia era joven. Habían transcurrido apenas nueve años desde la finalización de la última dictadura militar y la desaparición de un muchacho de 21 años, aparentemente en manos de las fuerzas de seguridad, preocupó mucho a la sociedad, al punto de que varias organizaciones de Derechos Humanos intervinieron, mientras el caso tomaba cada día más notoriedad pública a través de los medios de comunicación.

La presión mediática y la intervención de los organismos de Derechos Humanos impulsó la investigación. Varias personas atestiguaron e identificaron al hombre que detuvo a Guardati como el Cabo Walter Godoy, quien se encontraba de guardia en el destacamento del barrio La Estanzuela el día en el que desapareció el joven. Y la noche del 24 de mayo, se encontraba custodiando el baile al que asistió Christian.

Durante un allanamiento en la casa del Cabo Godoy, se encontraron prendas de vestir similares a las que vestía el hombre que llevó a Guardati.

La investigación condujo al arresto e imputación del Cabo Walter Godoy, mismo destino tuvieron tuvieron el Cabo Oscar Ramón Luffi y los agentes José Antonio Aracena y Walter Rolando Páez. Todos fueron imputados bajo la figura de privación ilegítima de libertad y homicidio calificado en concurso real, debido a que los últimos tres se encontraban de guardia junto al principal acusado.

Los procesamientos fueron apelados, tanto por la fiscalía como por los defensores de los detenidos, y la Quinta Cámara del Crimen declaró nulo todo el proceso y ordenó la libertad de los acusados. Noviembre de 1993 fue la fecha que fijó el tribunal para la presentación de más pruebas, aunque de no ocurrir esto, los cuatro imputados serían sobreseídos, hecho que finalmente ocurrió.

El Cuadro 34, la última esperanza de hallar a Guardati

Varios fueron los lugares donde se buscó el cuerpo de Christian Guardati, entre otros, el destacamento del barrio La Estanzuela, que fue excavado completamente sin lograr encontrar nada.

La última pista firme que tuvo la Justicia surgió a fines del año 2012, cuando un testigo de identidad reservada declaró que los restos de Christian Guardati estaban enterrados en el cuadro 34 del cementerio de Capital, justo al lado del tristemente célebre Cuadro 33, lugar donde se sospecha, ocultaron restos de desaparecidos durante la última dictadura militar.

La fiscal Claudia Ríos, junto a personal del Cuerpo Médico Forense y la Policía Científica de Mendoza, realizaron diversas excavaciones en el sector señalado. Se encontraron varias irregularidades en el lugar, como, por ejemplo, un sitio donde en lugar de estar el cuerpo de un niño, tal como figuraba en los registros, había restos de cuatro personas adultas.

Uno de los cuerpos encontrados parecía ser “prometedor”. Los registros de la necrópolis indicaban que se trataba de los restos de un hombre de 60 años, pero los expertos forenses determinaron que esa persona tenía entre 20 y 25 años al momento de morir.

Pero lamentablemente resultó ser otro callejón sin salida. Los estudios de ADN realizados a los restos hallados no se correspondían con los de Christian.

El caso actualmente

El doctor Diego Lavado es quien lleva adelante la causa en representación de Hilda Lavizzari, la madre de Christian Guardati. El letrado explicó a ADN País que actualmente no existen muchos avances en el expediente e indicó: “La causa está totalmente parada. En su momento la llevó el Dr. Guevara y lo que nosotros seguimos fue el litigio internacional, que terminó con un acuerdo de solución amistosa en el año 1998”.

Y agregó: “Más allá de que a lo largo de los años se han hecho algunas pesquisas para ver si encontraban algún rastro, como en el Cuadro 34, no ha habido mayores avances”.

Lavado explicó que la investigación no está cerrada, debido a que en el año 2011 introdujeron el tipo penal de desaparición forzada en el Código Penal. Esa misma ley establece la competencia federal de las causas y la imprescriptibilidad de las mismas; sin embargo, la causa de Christian Guardati continúa en el fuero provincial.

Y finalizó: “En el caso Guardati, la gente que aparecía como sospechosa fue sobreseída, entonces procesalmente está medio cerrado el caso. No se los puede imputar, porque están sobreseídos tienen una sentencia firme que la dictó la Quinta Cámara del Crimen”.

Solución amistosa

Luego del extenso trámite, que incluyó varias presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno de Mendoza reconoció su responsabilidad por la desaparición de Paulo Christian Guardati, si bien nunca se pudo identificar a los autores materiales de dicha desaparición.

De esta manera, el 31 de mayo de 1996 se firmó un acuerdo entre las partes intervinientes, donde se estableció una indemnización económica y la creación de una comisión investigadora “ad-hoc” para finalmente averiguar qué sucedió con Cristian Guardati.

Así, la madre de Chistian, Hilda Lavizzari, recibió un frío cheque por parte del Estado por la suma de 136 mil dólares en concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral.

La desaparición de Christian Guardati se aplica a la perfección a la célebre frase de Edmond Locard, uno de los padres de la Ciencia Forense: “El tiempo que pasa es la verdad que huye”.

Sobre el autor 

Ignacio Torquemada Hormazabal es Licenciado en Criminalística; Perito en Identificación Humana y Balística Forense y Periodista. Ha trabajado en medios gráficos y radiales de la provincia, además de colaborar en investigaciones como perito de parte en diversos estudios jurídicos.  

Actualmente se desempeña como docente universitario en cátedras como Periodismo de Investigación y Patología Forense, además de estar trabajando en una investigación sobre una muerte dudosa.