Este lunes, una abogada de la División Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, se transformó en la primera civil investigada por presunta participación del encubrimiento del asesinato de Lucas González. 

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Según el fiscal de la causa, "su permanencia allí coincidió con el momento en el que se adulteró la escena y además "no estaba asignada al procedimiento".

"No se entiende la causa por la que una funcionaria de la División de Asuntos Internos y Contenciosos de la Policía de la Ciudad con una experiencia de casi 4 años y medio (...) y avezada en leyes del derecho, y específicamente en materia del derecho penal (se desempeña en División Asuntos Penales), se presente en el lugar y permanezca durante el tiempo que lo hizo durante la serie de conductas ilícitas que se llevaban a cabo allí", consideró el fiscal.

Según la fiscalía, la abogada fue situada entre las 10.30 y 11 en Perdriel y Alvarado por testigos que la identificaron como una mujer "rubia", "vestida de civil y con pollera" que estaba junto a "un hombre de camisa blanca" que "observaba permanentemente" el interior del auto Volkswagen Suran de los adolescentes que había sido baleado e "iba y venía todo el tiempo" y "daba vueltas alrededor" del vehículo.

"La actividad desplegada por la imputada conllevó a modificar, ocultar y falsificar elementos de prueba con el consecuente aseguro de la continuidad de la ejecución de los delitos realizados a partir del arribo del automotor de los adolescentes", consideró el representante del Ministerio Público Fiscal.

Al pedir su detención, Gómez Barbella hizo constar que "la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad informó que la abogada se encontraba de guardia de "asistencia letrada inmediata"" aunque "no estaba asignada al procedimiento".

El fiscal destacó además que mientras ella estaba en el lugar, dos de los amigos de Lucas "permanecían esposados en el suelo" y "les fue "plantada" el arma de cotillón" en el auto.

"Frente a ello, fácil es concluir que al rodado en cuestión no se encontraba resguardado de cualquier otra persona ajena al procedimiento, porque claro está, la abogada referenciada se trataba de una funcionaria justamente que por sus propias actividades no debería permanecer en el sitio. En tal sentido, su presencia únicamente se justifica en brindarles "ayuda o asesoramiento legal" al resto de los encausados policías para poder realizar los hechos ilícitos ocultando cualquier extremo que permita que sean descubiertos y ante su amparo se permitieron semejantes sucesos", escribió el fiscal.

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