Los procesados por los disturbios y acciones violentas del denominada grupo "Revolución Federal" apelaron sus procesamientos ante la Cámara Federal porteña en la causa que se les sigue por amenazas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los abogados de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Nilda Basile recurrieron el procesamiento de sus defendidos por el artículo 213 bis del Código Penal, que castiga con prisión de tres a ocho años al que intente imponer sus ideas, o combatir las ajenas, por la fuerza.

En el caso de la abogada de Morel, Patricia Chale, señaló que "los considerandos expuestos en la resolución apelada no tienen la entidad suficiente, o sea que no tienen el mérito adecuado como para procesar a mi asistido".

"No existen elementos probatorios que indiquen que aquellas personas tuvieran por objeto imponer ideas o combatir las ajenas, tampoco se especifica ni se demuestra cuáles serían las ideas a imponer, más allá de la libre expresión de descontento con las acciones del Gobierno de turno", añadió Chale.

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En el caso del letrado Gerardo Pardo, defensor de Basile, puso de relieve el "gravamen irreparable a los intereses de una persona inocente" que generó el procesamiento en la hija del popular director técnico de fútbol, Alfio "Coco" Basile.

Para Pardo, los integrantes de Revolución Federal "tan solo se limitaron a expresar su descontento social ante exponenciales hechos de corrupción y la marcada decadencia institucional que lamentablemente aqueja a nuestra Nación".

En igual sentido se pronunció la defensora de Guerra, Gladys Egui, cuando sostuvo en su escrito que en el procesamiento dispuesto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi "no expuso con la precisión mínima e indispensable las condiciones de tiempo, modo y forma en la que mi defendido habría violado la norma penal".

La misma abogada, representante también de Sosa, señaló las "graves irregularidades que enmarcan el proceso judicial en cuestión" y solicitó "sin más" la nulidad del procesamiento.

Ahora la Cámara deberá definir si toma la apelación y si sostiene o revoca el procesamiento de los cuatro integrantes de la organización que arrojó antorchas encendidas dentro de la Casa Rosada.