La Justicia Federal imputó a Victoria Donda, a cargo del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), por el delito de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta, en el marco de la causa en la que se investiga si intentó darle un puesto en su repartición a la empleada doméstica que trabajaba en su casa.

Leé más: Qué dijo Alberto Fernández sobre Victoria Donda

La denuncia contra Donda fue presentada por el abogado Fernando Zarabozo el 29 de diciembre pasado, quien representa a Arminda Banda Oxa, la empleada que también le reclama a la titular del Inadi por no haberla tenido registrada durante la totalidad de la relación laboral.

Asimismo, el presidente Alberto Fernández aseguró que quien conoce a Donda "sabe que no tiene que ver con su naturaleza sacar ventaja del Estado".

Cuando se conoció la denuncia, Donda, a través de su cuenta oficial de Twitter, hizo un descargo en el que aseguró que los aportes laborales y los pagos salariales de la empleada fueron hechos “en tiempo y forma”.

También admitió el ofrecimiento que le hizo a Arminda, de 63 años, boliviana, pero aseguró que fue ella quien quiso renunciar a su trabajo como empleada doméstica. Donda había dicho: “Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio”.

Leé más: Denuncian a Victoria Donda por ofrecer un cargo a su empleada en negro

Además, en la denuncia se transcribieron algunos audios que Donda le envió a Banda Oxa para demostrar el ofrecimiento de un cargo en el INADI o de un plan social.

La conclusión del denunciante es que “dichos mensajes no hacen más que demostrar que la denunciada utilizaría sus influencias y los recursos públicos que administra en el ejercicio de su función pública para resolver cuestiones particulares de su esfera privada, y así incumplir con sus cargas como empleadora doméstica y minimizar los impactos económicos que le generaría un reclamo laboral de una persona que no fue debidamente registrada”, consigna el portal Infobae.