Ante la decisión del juez subrogante Ezequiel Pérez Nami que le concedió a la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner dos pensiones de privilegio que se sumarán a la remuneración por su cargo, con retroactivos y sin pagar el impuesto a las Ganancias, crearon una campaña solicitándole a la ANSES que apele ante este fallo. 

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“Acción Conjunta Republicana convoca a jubilados como particulares damnificados y ciudadanos en general a enviar cartas a los funcionarios responsables de los organismos mencionados exigiéndoles que apelen la sentencia del juez Pérez Nami antes del 4 de febrero, fecha en que vence el plazo para hacerlo”, indicó el espacio federal que promueve el reclamo. 

La agrupación, compartió el modelo de texto para establecer la protesta formal “Como jubilada titular y contribuyente de impuestos lo intimo a que cumpla con obligación y haga lo necesario para que se APELE Y FUNDE la sentencia recaída en autos: FERNANDEZ CRISTINA ELISABET C/ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y OTROS S/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO. Le notifico que el plazo para apelar vence el 4 de febrero de 2021".

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El escrito continúa “INTIMO FUNDE debida y oportunamente el recurso. De no hacerlos incurrirá en el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, lo que ameritaría la pertinente denuncia, ya que esta posible inacción me perjudica personalmente y atenta contra el erario público, consagra la inequidad frente a los demás jubilados, pensionados, y contribuyentes, viola normas constitucionales, previsionales e impositivas”.

Para consolidar el fundamento legal del pedido, agregaron “Los funcionarios legitimados procesalmente para apelar están obligados a hacerlo: Fernanda Raverta como titular de la ANSES; Daniel Arroyo como titular del Ministerio de Desarrollo Social y Carlos Zannini, procurador del Tesoro, en defensa del interés del Estado”. 

Por último, concluyeron “No apelar hará a estos funcionarios públicos responsables de beneficiar indebidamente por omisión a otro funcionario y malversación de caudales públicos, haciéndolos pasibles de acciones civiles y penales”.