La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a intimar a jueces y fiscales a jubilarse en el caso de que hayan iniciado trámites para efectivizar su retiro, informaron este miércoles fuentes del organismo.

Las notificaciones aún no fueron cursadas a todos los que habían suscripto el pedido, pero "es una decisión tomada" y el organismo "está empezando a intimar" a esos jueces y fiscales, señalaron desde la Anses.

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Las fuentes indicaron además que "se esperará que estén intimados todos los que presentaron las carpetas para jubilarse y las dejaron stand by".

Las intimaciones comenzaron a correr a partir de una resolución del organismo firmada hace una semana que establece que "en los trámites que se hubieran iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia".

Quiénes deben jubilarse

Jueces y fiscales tienen la obligación de comenzar sus trámites jubilatorios a partir de los 60 años para que el trámite sea efectivo cuando presentan la renuncia.

En esa situación se encuentran, entre otros, el camarista Martín Irurzun, su colega Leopoldo Bruglia, el fiscal Carlos Stornelli y la jueza con competencia electoral María Romilda Servini.

Desde Anses aclararon que se intimará a magistrados y fiscales que iniciaron el trámite jubilatorio para que ratifiquen su voluntad de retirarse o si, por el contrario, desisten y retiran la carpeta.

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Según consta en la resolución 11-46 del organismo, el objetivo de la iniciativa es "establecer un procedimiento de trabajo que regule la iniciación, resolución, liquidación, puesta al pago y reajustes de beneficios solicitados por magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público de la Nación".

También establece la resolución que, de no haberse presentado la renuncia, Anses revisará el expediente y se reservará la potestad de archivarlo o de tomar las medidas previstas en la ley 24.241, que regula las jubilaciones de jueces y fiscales.