Francisco "Paco" Pérez, ex gobernador de Mendoza durante los años 2011-2015, fue imputado por el delito de enriquecimiento ilícito según lo sentenciado por el fiscal Santiago Garay, instructor de la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. La denuncia fue hecha en el año 2016 por un grupo de senadores de la UCR a raíz de inconsistencias en las declaraciones juradas del exmandatario y su esposa, allí figuraban vehículos de alta gama y departamentos lujosos.

Acorde a lo informado por diario Los Andes, la imputación data del noviembre de 2021, pese a que la causa permanece bajo secreto de sumario, ya que el dirigente todavía no fue indagado. Luego de una tercera pericia contable, surge la acusación, que había sido ordenada por el magistrado de la Universidad Nacional de Cuyo, posteriormente a la primera dos que habían sido contradictorias entre sí.

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Sin embargo, la defensa de Pérez interpuso una acción de nulidad porque -según denuncian- no se dio participación a los peritos de parte, violando el derecho a defenderse del imputado. La definición estará a cargo del juez de garantías que salga sorteado para la audiencia fijada el próximo miércoles 2 de febrero, una vez finalizada la feria judicial.

¿Por qué es acusado Pérez?

El ex gobernador fue denunciado penalmente en marzo de 2016 por un grupo de legisladores radicales y la por entonces vicegobernadora Laura Montero, quienes se presentaron en la Fiscalía de Delitos Especiales tras conocer las declaraciones del mandatario y su esposa, Celina Sánchez, difundida por la Fiscalía de Estado.

En una conferencia de prensa, los demandantes explicaron que Pérez estaba inscripto en AFIP como monotributista clase B y Sánchez no tributaba ningún tipo de impuesto. "A pesar de esto, han tenido un incremento patrimonial durante su gestión como gobernador que denota al menos una serie de irregularidades que nosotros hemos acercado como pruebas para que el fiscal agudice la investigación", señalaba el por entonces legislador Alejandro Molero, hoy encargado del Iscamen.

"Es un matrimonio que en el año 2013 compra un departamento valuado hoy en más de 3 millones pesos, autos de alta gama, vacaciones de compra en Miami, es decir tiene un status de vida imposible para quien es monotributista clase B", completó.

Por su parte, Montero reclamó que "estos datos se aclaren y que haya una vara a futuro. Tenemos la obligación de denunciar, si no sería encubrimiento. No puede eliminarse la corrupción si no se encuentran los responsables de los actos cuando esos actos se ponen en evidencia".