El Ministerio de Capital Humano presentó los resultados del primer censo oficial destinado a personas en situación de calle, un operativo que alcanzó a 9.421 individuos en 19 provincias. En Mendoza, el informe arrojó un total de 421 personas en esta condición, situando a la provincia en el cuarto lugar entre las jurisdicciones con mayores índices de falta de techo. El relevamiento, coordinado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, buscó transformar esta problemática en datos estadísticos para el diseño de futuras políticas públicas, revelando que el 83% de los censados son varones y que la gran mayoría supera los 18 años de edad.

Polémica por el método de conteo y la disparidad de datos

A pesar del despliegue tecnológico que incluyó el uso de la aplicación DataCalle con geolocalización, la cifra mendocina generó un inmediato rechazo en sectores sociales. Desde la Fundación Puente Vincular señalaron que el método de "corte transversal" —realizar el conteo en una sola noche— es insuficiente para captar la realidad de una población que es esencialmente dinámica y se desplaza constantemente. Según la organización, este tipo de operativos corre el riesgo de subestimar la magnitud del problema, lo que derivaría en la aplicación de recursos estatales que no cubren la demanda real de los ciudadanos más vulnerables.

La controversia se profundiza al comparar el número oficial de Capital Humano con registros previos realizados en territorio. Organizaciones de la Red Calle recordaron que, a comienzos de 2025, un cruce de información entre la provincia, los municipios y diversas ONG había arrojado una cifra de 1.044 personas en situación de calle en Mendoza, más del doble de lo informado ahora por la Nación. Esta brecha de datos genera dudas sobre el alcance territorial del nuevo operativo y si el mismo cubrió la totalidad de la provincia o solo sectores específicos del Gran Mendoza.

En cuanto al perfil de los encuestados a nivel nacional, los datos rompen con varios mitos instalados en la opinión pública. El informe detalla que el 53% de las personas en situación de calle realiza alguna actividad laboral y el 52% cuenta con el nivel primario completo. Además, el 91% posee su DNI, lo que representa una oportunidad para su vinculación con programas de asistencia. No obstante, preocupa que un 32% de los consultados manifestó llevar más de dos años viviendo en la vía pública, evidenciando una situación de marginalidad de carácter estructural.

Finalmente, las críticas desde Mendoza también apuntan a la falta de transparencia en la publicación de las bases de datos y criterios metodológicos detallados. Para las organizaciones que trabajan diariamente con esta población, la ausencia de precisiones sobre dónde se realizaron las entrevistas dificulta un análisis serio de la situación social actual. Mientras el Gobierno Nacional destaca la eficiencia del sistema SiSoc para obtener resultados inmediatos, las entidades locales insisten en que sin un trabajo articulado con quienes conocen el territorio, las políticas públicas seguirán siendo insuficientes para resolver la problemática de fondo.