Mendoza, de de
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Entre los inmuebles alcanzados figura la propiedad de la expresidenta.
El Tribunal Oral Federal Número 2 dispuso una nueva batería de embargos preventivos y medidas cautelares sobre bienes vinculados a la causa Vialidad. Entre los inmuebles alcanzados por la resolución figura el departamento ubicado en la calle San José al 1.111, propiedad de la firma Los Sauces Sociedad Anónima, donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria.
La decisión judicial busca resguardar los activos necesarios para cubrir el decomiso fijado en 685.000 millones de pesos tras la condena por la causa de la obra pública. No obstante, los jueces aclararon que la medida no implica la subasta inmediata de la propiedad ni modifica de momento su titularidad registral, por lo que la exmandataria continuará en el lugar mientras avanza el proceso.
Los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso avanzaron sobre este segundo paquete de bienes para garantizar la indisponibilidad jurídica de los patrimonios. Esta nueva fase contempla un total de 144 activos entre vehículos, terrenos, inmuebles y participaciones accionarias de los involucrados en las maniobras fraudulentas.
Dentro de los elementos cautelados en este tramo se incluyeron también los cinco millones de dólares que Florencia Kirchner mantenía depositados en una caja de seguridad bancaria. Asimismo, se sumaron terrenos e inmuebles en la provincia de Santa Cruz, como la superficie donde se ubica el Hotel La Aldea en El Calafate y propiedades en El Chaltén.
El vínculo comercial y los alcances del decomiso
El tribunal fundamentó la inclusión de bienes pertenecientes a los hijos de la expresidenta al remarcar la conexión económica comprobada entre la familia Kirchner y las empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015. Según la fundamentación de la sentencia, los beneficios del delito derivaron indirectamente hacia las firmas familiares como Los Sauces y Hotesur.
Apoyándose en el artículo 23 del Código Penal, la Justicia concluyó que se puede avanzar sobre personas jurídicas que se beneficiaron del ilícito o sobre activos transmitidos a terceros. Con este respaldo legal, los jueces buscan evitar la venta o transferencia de estas propiedades mientras se resuelve de forma definitiva el decomiso.
