A más de dos años de haber asumido con la promesa inicial de eliminar los fideicomisos públicos -a los que calificó en su momento como estructuras discrecionales de la política-, el Gobierno de Javier Milei se encuentra nuevamente en el centro del debate económico debido al manejo de estos recursos.

Según un reciente informe elaborado por el Instituto Consenso Federal, dirigido por el ex diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez, la administración de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, habrían acumulado excedentes financieros millonarios en fideicomisos estatales que continúan recaudando pero cuya ejecución presupuestaria se encuentra demorada o derivada a inversiones financieras.

De acuerdo con la documentación oficial publicada por la Secretaría de Hacienda de la Nación, el análisis detalla que el superávit acumulado en estos fondos alcanzó los 2.030 millones de dólares durante 2024 y los 973 millones de dólares en 2025 (a valores de dólar promedio anual).

En tanto, para el primer trimestre de 2026 se registraron otros 239 millones de dólares, lo que proyecta un excedente cercano a los 956 millones para el año en curso, acumulando en total unos 4.000 millones de dólares no ejecutados en el trienio.

El impacto en infraestructura vial y el foco en el fondo de gas por zona fría

El informe del centro de estudios pone el foco en la baja ejecución de partidas específicas contempladas por ley, afectando a estructuras como el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, el de Infraestructura Hídrica, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el destinado a los Descuentos en las Tarifas de Gas por Zona Fría, entre otros.

En el plano vial, el equipo técnico advirtió que, pese a la recaudación sostenida del impuesto a los combustibles, los recursos destinados a las rutas nacionales a cargo de Vialidad Nacional sufrieron una fuerte desinversión. Al respecto, Rodríguez cuestionó las recientes medidas orientadas a ceder la órbita de tramos viales a distintas jurisdicciones provinciales sin la correspondiente transferencia de partidas presupuestarias.

Asimismo, desde el espacio político encendieron las alarmas sobre el manejo del Fondo Fiduciario para el Descuento de Tarifas de Gas. Según las proyecciones del instituto, la retención de estos recursos buscaría generar saldos financieros favorables para simular equilibrio fiscal, lo cual -según advirtieron- podría impactar en la cobertura del beneficio para millones de hogares y modificar los cargos específicos contemplados en la facturación del servicio.