El Gobierno nacional resolvió postergar nuevamente la actualización del impuesto a los combustibles con el objetivo de evitar un traslado directo a los precios de las naftas y el gasoil. A través del Decreto 829/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se dispuso congelar las cargas tributarias de la Ley 23.966 hasta el 1° de octubre.

La medida, que extiende el esquema que vencía el 31 de agosto, lleva la firma del presidente Javier Milei y del gabinete económico. De este modo, el Ejecutivo nacional prioriza contener la presión impositiva sobre el índice general de precios y frenar el impacto inflacionario, cediendo temporalmente recaudación fiscal.

El impacto directo en Mendoza y los costos del sector

La prórroga abarca tanto al tributo sobre los combustibles líquidos como al que grava al dióxido de carbono. En Mendoza, la resolución cobra especial relevancia debido a su incidencia inmediata sobre la estructura de costos logísticos y del transporte, amortiguando de forma temporal el valor del gasoil común que afecta los fletes agrícolas e industriales.

Los montos pendientes de actualización corresponden a los remanentes acumulados durante 2024, 2025 y la primera mitad de 2026, fijados en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC. De no disponerse una nueva prórroga antes de octubre, la normalización impositiva acumulada se trasladará a las pizarras de las estaciones de servicio.

Sin embargo, desde el sector advierten que la postergación del componente fiscal no descarta probables modificaciones en las pizarras. Las empresas petroleras conservan la potestad de revisar sus valores en base a la fluctuación del crudo internacional, el costo de los biocombustibles y la paridad del dólar.

Especialistas de la industria señalaron que la acumulación de atrasos tributarios requerirá una regularización gradual para impedir saltos abruptos en la inflación mensual, una vez que el congelamiento dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llegue a su fin.