El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna (Interbloque UCR-Juntos por el Cambio) presentó en el Congreso el proyecto que crea la “Ley de protección de los derechos de usuarios y consumidores de prestaciones de salud debidas por obras sociales y empresas de medicina prepaga”, con la finalidad de garantizar las prestaciones por las cuales los afiliados hacen sus aportes y abonan una cuota mensual.  

La iniciativa prevé que, ante la negativa o demora de una obra social o empresa de medicina prepaga a atender una prestación por la cual la persona afiliada deba acudir a la Justicia, la entidad que resulte condenada deberá indemnizar al afiliado por un monto equivalente a entre 10 y 100 salarios mínimo, vital y móvil. 

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 “Todos tenemos algún conocido o los que somos abogados hemos recibido la inquietud. Esto lo avalan las estadísticas. Hay un registro de amparo de la salud, que fue creado hace tres años justamente para registrar estos hechos. La estadística es creciente, cada vez hay más planteos judiciales, tanto en el ámbito federal como en las provincias. También es muy interesante el dato que trabajamos con la plataforma change.org, que es la plataforma que procesa más peticiones ciudadanas”, señaló el diputado Menna en Aurora 91.3. 

“Cuando hay necesidad de una prestación compleja, de un tratamiento, de una derivación cuando la cuestión necesita ser tratada en otra ciudad, ahí empiezan las vueltas. Estas personas terminan o resignándose o yendo a un abogado para plantear un amparo. En ese caso las obras sociales terminan financiándose con el juicio. Lo peor que le pasa es tener que cumplir con lo que tendría que haber cumplido desde un primer momento. Con el proyecto de ley queremos que cuando uno de estos entes obligue al afiliado a ir a la justicia, que además de la prestación tenga que pagar una multa, una indemnización a favor del afiliado”, explicó en Primera mañana.

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Y agregó: “Es un sistema poco fiscalizado. Vemos obras sociales que están prácticamente quebradas pero que auspician equipos de fútbol u otras entidades que no tienen nada que ver con su objeto directo. Los órganos de las obras sociales no son elegidos por sus afiliados, que son los que aportan, sino por el sindicato del que dependen. Tampoco hay un órgano de fiscalización interna, por lo que los afiliados no pueden verificar cómo es el manejo contable, la calidad de las prestaciones. El sistema tiene fallas importantes”. 

“Muchas veces la gente termina arreglándoselas de otra manera, pidiendo plata prestada, sobre todo en lo que es viajes, alojamientos. Ante la duda, la prestación tiene que estar cubierta. Ese es el sentido del aporte previo. Lo que hay que tener es una interpretación de buena fe. Las estadísticas revelan que casi el 80% de los juicios que se interponen terminan resolviéndose favorablemente a la demanda, esto revela que hay una actitud caprichosa”, sostuvo Menna. 

 Y cerró: “Cuando uno vive una situación de salud ya es una angustia tremenda, es muy injusto que esa persona tenga que andar pidiendo por sus derechos. Es un circuito que hay que cortarlo”.

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