Tres funcionarios de dependencias del PAMI en Salta fueron imputados este jueves por fraude e incumplimiento de sus deberes por un fiscal federal, que los acusó de cobrar en dos ocasiones el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pese a que su función pública se los impedía, informaron fuentes del Ministerio Público Federal de esa provincia.

El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, presentó las imputaciones por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público de tres integrantes del PAMI, ante la jueza federal de Garantías, Mariela Giménez, quien luego de escuchar los argumentos y pruebas presentadas por la fiscalía dio por formalizada la investigación penal.

También podés leer: No lo dejaban volver a su provincia y caminó con su hija en brazos durante 5 kilómetros

La audiencia se concretó por videoconferencia, y Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, avanzó con las actuaciones iniciadas en agosto pasado, cuando a través de un informe periodístico se conoció una lista de concejales y funcionarios nacionales que habían cobrado el IFE.

El 26 de agosto pasado, el representante del Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación penal por los mismos delitos en contra de 17 concejales y un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

También podés leer: Fabiola Yañez demandó a Google por información agraviante

En esta ocasión, la imputación se dirigió a Emilia Juárez, Viviana Beatriz Fernández y Javier Navarreta, quienes cumplen funciones de gerencia operativa en dependencias del PAMI en las localidades salteñas de Orán, El Carril y Embarcación, respectivamente, indicaron fuentes judiciales.

Tras identificarlos y repasar los objetivos de la creación del IFE, Toranzos presentó la acusación y expresó que existían sospechas sobre 13 funcionarios del PAMI en esta provincia que habrían cobrado indebidamente este beneficio, pero de las tareas investigativas surgió que solo tres de ellos habrían incurrido en esta irregularidad.

Los tres pidieron el IFE cuando ya estaban designados en su cargos y cobraron el beneficio en dos oportunidades. Por ello, el fiscal solicitó la formalización de la investigación penal en contra de los tres funcionarios públicos nacionales, por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

También podés leer: Otras 186 personas murieron y 10.097 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Al sustentar esta acusación, el fiscal informó que se reunieron diversas pruebas, entre ellas informes de la AFIP, detalles de cuentas bancarias, los montos percibidos por el IFE y los decretos de designación de cada uno, cargo y función en las que fueron nombrados dentro del PAMI.

Entre otras evidencias, Toranzos citó la documentación bancaria que respalda el cobro del IFE por parte de los acusados, quienes se abstuvieron de prestar declaración.

La fiscalía solicitó 40 días hábiles para seguir con las actuaciones y requirió que los investigados se presenten cada 15 días en la delegación de Gendarmería más cercana, con el compromiso de no entorpecer la investigación y la prohibición de salir del país, a lo que la jueza hizo lugar.