La Justicia civil ordenó este jueves colocarle una tobillera electrónica a Irineo Humberto Garzón Martínez, el comerciante acusado de haber abusado de una joven venezolana de 18 años en el barrio porteño de Balvanera, en el marco de una medida de restricción perimetral que le impuso para prohibirle el acercamiento a la víctima.

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La resolución, que no está directamente vinculada con la causa penal, fue dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 8 con la intención de resguardar a la joven de manera cautelar a través del funcionamiento del dispositivo de geoposicionamiento dual, que permite monitorear la ubicación a través de GPS tanto de la víctima como del agresor.

Los voceros agregaron que, en caso de que el agresor transgreda las medidas dispuestas por la Justicia, es decir, si se acerca al radio de seguridad de la damnificada, el sistema emitirá un alerta y se activarán los protocolos para darle aviso a la damnificada y enviar al personal policial más cercano.

Al respecto, la madre de la joven dijo a Télam que está "enterada de la medida" y que espera por "la pronta detención para avanzar en la investigación".

Además, el abogado que representa a la víctima, Pablo Baque, confirmó a Télam que la jueza Karina Zucconi, quien resolvió en un primer momento que Garzón Martínez (35) permanezca en libertad, dispuso durante las últimas horas la inhibición general de sus bienes.

El letrado explicó que la decisión se produjo a raíz de un escrito presentado por el defensor del imputado, Osvaldo Cantoro, en el que señalaba que su cliente no podía pagar el embargo de un total de 90.000 pesos que había recaído sobre sus bienes al inicio del procesamiento.

En tanto, se espera que este jueves la Sala I de la Cámara del Crimen resuelva si Garzón Martínez permanecerá en libertad o quedará detenido por el delito de "abuso sexual agravado con acceso carnal", luego de la apelación realizada por las fiscales Silvana Russi y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Al respecto, voceros judiciales adelantaron que el fiscal de cámara Ricardo Sáenz mantendrá el criterio de las funcionarias judiciales y pedirá la inmediata detención del imputado, mientras que la resolución de los camaristas se dará a conocer por cédula, ya que para la diligencia no se llevará a cabo ninguna audiencia oral de tipo presencial ni virtual.

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El hecho se registró el pasado 23 de enero, cuando la denunciante fue citada para realizar una entrevista laboral que había coordinado días antes por la red social Facebook, tras lo cual el acusado le pidió cenar el viernes para así "poder hablar sobre el trabajo", propuesta que fue rechazada por la joven, quien finalmente se presentó el sábado por la mañana en el local de la calle Paso 693.

Según el relato de la denunciante, durante la jornada de trabajo el acusado le ofreció varias veces una bebida hasta que finalmente la chica aceptó tomar un vaso de agua, y tras beberlo comenzó a sentirse mareada, por lo que le envió un mensaje a su madre explicándole la situación.

"Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada", expresó la joven en el mensaje que le envió por WhatsApp y agregó la dirección en donde estaba.

Cuando la Policía ingresó al local encontró a la joven en el fondo del comercio y el acusado estaba vistiéndola y poniéndole los pantalones.

Luego, en su declaración, llevada a cabo el lunes pasado, Garzón Martínez negó los cargos ante la Justicia, acusó a la denunciante de mentirosa y dijo que tuvo relaciones consentidas y que ella se le ofreció sexualmente.