La justicia de San Luis ordenó el procesamiento con prisión preventiva de dos jefes policiales acusados del crimen de Florencia Magalí Morales, la mujer de 39 años que en abril de 2020 murió por asfixia por estrangulamiento en una comisaría de la vecina provincia, a la que había sido llevada por infringir el Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio (ASPO) ante la pandemia de coronavirus.

Fuentes judiciales indicaron que, en el mismo fallo, el magistrado Jorge Pinto también dictó el procesamiento de otras dos oficiales que estaban de guardia en la misma seccional al momento del hecho.

Leé más: Le dieron una paliza a la mamá de Lucio Dupuy y a su novia en el penal

La orden de detención del juez recayó en el subcomisario Heraldo Clavero y Marcos Ontiveros, quienes estaban a cargo de la comisaría 25 de la localidad de Santa Rosa del Conlara, ubicada unos 185 kilómetros al norte de la capital puntana.

Según las fuentes, Clavero, jefe de la seccional, está acusado de "aplicación de vejaciones y severidades en el desempeño de la función, incumplimiento de funcionario público e incomunicación ilegal".

A Ontiveros, jefe de guardia, se le imputaron los mismos delitos menos el de incomunicación ilegal.

Leé más: El video que demuestra el maltrato que sufría Lucio Dupuy

Mientras que a la oficial María Eugenia Argüello se la acusa de "omisión de cumplir con los deberes propios del oficio" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y a la oficial Johana Paola Torres, solo del primero de esos dos delitos.

De acuerdo al periódico judicial, esta resolución se conoció este jueves en un extenso fallo de más de 160 fojas y en el que se analizaron más de 40 declaraciones, informes de unos 15 peritos oficiales del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis y del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa.

Pinto encontró "elementos de cargo suficiente para tener por acreditada en esta etapa de instrucción penal, la conducta atribuida en orden a los delitos por los que los mismos fueran oportunamente indagados y ahora procesados".

El caso

Los hechos investigados se produjeron la mañana del 5 de abril de 2020, cuando Morales se retiró de su domicilio en bicicleta, en Santa Rosa de la Conlara, lo que quedó registrado por las cámaras de video de un banco y corroborado por testigos.

A metros de la seccional, Morales fue interceptada por el subcomisario Clavero, quien le indicó que debía ingresar a la comisaría, lo que la mujer hizo tras dejar su bicicleta en la calle.

De los elementos reunidos surgió que en la dependencia se ordenó que la mujer quedara detenida, incomunicada y alojada en una celda por violación al ASPO, pese a que no existió orden, al menos escrita, de ninguna autoridad judicial.

Una vez reducida y privada de su libertad, Morales fue llevada al Hospital de Santa Rosa del Conlara para que la revisara un médico de turno, quien constató que no presentaba las lesiones en los brazos y otros sectores del cuerpo que se detectaron luego, cuando fue hallada ahorcada.

En base a dichos de testigos y de algunos policías, nuevamente en la seccional, Morales gritó, golpeó puertas y pidió ser liberada para cuidar a sus hijos que habían quedado solos en su casa.

Finalmente, fue hallada muerta por asfixia, con un cordón alrededor del cuello, en una celda que, según los propios policías de la dependencia, no estaba en condiciones de ser utilizada.

Si bien en un primer momento se investigó como un posible suicidio, luego los peritajes confirmaron la asfixia por estrangulamiento, tras lo cual, la familia de la víctima solicitó que el caso se caratule como un "femicidio", aunque el requerimiento fue rechazado por la justicia, decisión que será apelada.