La Fiscalía se opuso al pedido de excarcelación que presentó la defensa de la detenida Agustina Díaz en la causa que investiga el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, en tanto un canal de televisión detectó una imagen de la acusada en una de las manifestaciones frente a la casa de la Vicepresidenta, días antes del atentado del 1 de septiembre pasado.

El fiscal del caso Carlos Rívolo dictaminó por denegar el pedido de liberar a Díaz, de 21 años, debido a que aún restan medidas de prueba para evaluar su actuación en la causa que permanecía bajo secreto de sumario.

La jueza del caso María Eugenia Capuchetti tendrá ahora que resolver sobre el pedido hecho por los dos abogados particulares de Díaz, Javier Molina y Marcelo Herrera, al finalizar una declaración indagatoria de dos horas.

Pero su situación se complicaría porque en un principio se sospechaba de un posible encubrimiento a Uliarte, pero ahora la TV Pública detectó a la joven filmada por una de sus cámaras durante una de las manifestaciones en apoyo a la Vicepresidenta frente a su casa del barrio porteño de Recoleta.

La imagen difundida muestra a Díaz primero de espaldas y luego de frente, cuando se dio vuelta, en medio de manifestantes.

La acusada aceptó hablar ante la jueza Capuchetti y Rívolo y afirmó que no estuvo en la ciudad de Buenos Aires por lo menos desde mayo pasado, según fuentes del caso.

Además, negó cualquier participación en lo ocurrido y dijo que creyó que su amiga de la escuela y también detenida Brenda Uliarte "fabulaba" cuando le escribía mensajes de WhatsApp en los cuales hablaba de asesinar a la Vicepresidenta.

Por otro lado, la Justicia allanó este miércoles por la noche la casa del cuarto detenido en el caso, el supuesto líder de la llamada "banda de los copitos", Gustavo Carrizo, quien sería indagado entre luego de un análisis de su teléfono celular que reveló evidencia que lo comprometería.

Leé más: Allanaron la casa del líder de “la banda de los copitos”

Carrizo quedó detenido por la tarde, cuando concurrió a Comodoro Py 2002 a retirar el teléfono celular que aportó de manera voluntaria para una pericia y allí en el tercer piso, sede del despacho de la jueza, la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo notificó de la orden de detención.

El considerado líder de la "banda de los copitos", porque era el dueño de la garrafa con que se elaboraba el producto que supuestamente vendían en la calle los ahora imputadosm fue trasladado a una dependencia de la PSA en Ezeiza donde pasó la noche.

Capuchetti amplió las indagatorias de Fernando Sabag Montiel y de Uliarte, a quienes se mostró la nueva prueba incorporada a la investigación y ambos se negaron a declarar sobre el intento de homicidio cometido hace dos semanas, la noche del 1 de septiembre pasado cuando el primero disparó sin éxito a la Vicepresidenta.

La Justicia aceptó como querellante a la vicepresidenta en la causa.

Tras solicitar el pasado martes tener "acceso urgente" al expediente para sus abogados, el letrado José Manuel Ubeira se presentó en la mañana del miércoles en Comodoro Py para ver la causa.

"Vamos a dejar que la prueba nos lleve adónde nos tenga que llevar y evitar cualquier interferencia política o judicial", dijo el abogado a los periodistas en el tercero piso de los tribunales de Comodoro Py antes de ingresar al despacho de la jueza María Eugenia Capuchetti.

En sus declaraciones a la prensa, el abogado dijo que no tener sospechas sobre la custodia de la Vicepresidenta y dijo que Investigarlos "será decisión del juez".

"Venimos a ver la causa. Hasta ayer la Vicepresidenta no se presentó para dejar que las personas trabajen con total libertad", agregó Ubeira.

En la presentación realizada el pasado martes, firmada por los letrados Ubeira y Marcos Aldazabal, la Vicepresidenta solicitó ser parte querellante en razón del derecho que le otorga el artículo 82 del Código Procesal Penal.

"Dejo asentado que ejerceré los derechos que me corresponden como acusadora privada respecto de toda otra persona cuya responsabilidad surja de la investigación", señaló le exmandataria.

Fernández de Kirchner requirió además que se dé "acceso urgente" al expediente electrónico por parte de sus abogados, y añadió en la presentación que, en caso de que volviera a dictarse el secreto de sumario, se convoque a sus letrados a todo acto "definitivo e irreproducible".

También añadió que, cuando lo considere oportuno, se constituirá como "actora civil" con el patrocinio del abogado Gregorio Dalbón.

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, presentó una denuncia en el juzgado federal 5 de María Eugenia Capuchetti en la que aportó material sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros del grupo Revolución Federal que incluyeron amenazas e incitaciones a cometer delitos y que, a juicio del funcionario, podrían vincularse con el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Rossi acompañó las pruebas recolectadas por la AFI en el marco de la ley de inteligencia 25.520 y sus modificatorias, que facultan al organismo a presentarse ante la Justicia para velar por la seguridad nacional y el orden democrático ante la convicción de que hubo quien pretendió ponerlas en riesgo.

La denuncia presentada por el organismo de inteligencia contiene los audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de Twitter que fue convocada bajo el título "hay que pudrirla?" y en la que participaron dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.

Morel, registrado en el fisco como monotributista, es quien concedió varias entrevistas radiales en los últimos días para presentarse como el principal referente de Revolución Federal; Castelli es soldado voluntario del Ejército argentino y tiene domicilio en la provincia de Santa Cruz, según lo manifestado en la presentación.

En uno de los audios desgrabados que forman parte de la denuncia y que la AFI presentó en el juzgado se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la Vicepresidenta para hacerla "pasar a la historia", en referencia a la intención de cometer un magnicidio.

Los dos integrantes de la organización antikirchnerista que organizó intervenciones violentas de acción directa contra el oficialismo y que instaló guillotinas y horcas en las manifestaciones de la oposición intercambiaron también insultos y amenazas contra el presidente Alberto Fernández.

En la transmisión en vivo de Twitter del 26 de agosto, uno de los individuos se lamentó porque el jefe de Estado utilice habitualmente helicóptero y no auto, según dijo, porque si llegara a encontrarse con él en un vehículo "se lo abollo todo, se lo cago tanto a patadas, se lo prendo fuego", amenazó.