Este jueves, el fiscal federal Eduardo Taiano y su colega Sergio Rodríguez solicitaron la citación a declaración a indagatoria del ex ministro de Salud, Ginés González García, por la causa conocida como Vacunatorio VIP. 

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El fiscal de la causa y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitaron a la jueza María Eugenia Capuchetti, que indague a González García, Alberto Alejandro Maceira, María Elena Borda, Marcelo Ariel Guille y Alejandro Salvador Costa por la aplicación de vacunas del COVID de manera irregular a funcionarios, periodistas y otras personas en el Ministerio de Salud. 

El ex ministro de Salud está imputado por el delito de abuso de autoridad y peculado luego de que la causa se reabriera hace poco más de un año, por orden de los Sala I de la Cámara Federal. 

Esto sucedió tras llegar a la conclusión de que no se trataba de un problema "de carácter ético" -como alegó la jueza Capuchetti en una primera instancia-, sino que  “el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”.

Con la investigación nuevamente en curso, la misma fue delegada en la fiscalía a cargo de Taiano con la intervención de la PIA. Después de una serie de medidas, los fiscales redactaron un extenso listado de personas que fueron beneficiadas con la vacuna contra el Covid 19 en un momento en que el acceso era muy selecto para los grupos de riesgo poblacional. 

Los fiscales de la causa entienden que los hechos investigados corresponden a actos de corrupción. "La corrupción (se cometió) al propiciar la concentración de recursos, desdibujar los fines públicos de las instituciones estatales y desviar el poder hacia intereses privados, estimular el mantenimiento de la discriminación y exclusión social”.

"La discriminación producto de la corrupción tiene como base el otorgamiento de un privilegio que no es legítimo, ya que busca un beneficio privado con bienes públicos". Cuando el resto de las personas se ven impedidas o demoradas en el acceso al derecho de que se trate, "la corrupción ha perfeccionado su capacidad de producir esta desigualdad", agregaron los investigadores.

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Bajo este entendimiento se determinaron tres hechos específicos e importantes dentro de la causa por los que deberán responder las personas a las que se les llamó a indagatoria. 

El primero ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando Salud ordenó retirar diez vacunas que estaban asignadas para el Hospital Posadas "para la inoculación de diez personas, que no se encontraban habilitadas para recibir su dosis".

Con esas vacunas, se inmunizó al periodista peronista Horacio Verbitsky, a familiares del empresario Florencio Aldrey Iglesias, entre otros. La lista completa es “Seza Manukian, Horacio Verbitsky, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, Jorge Enrique Taiana (ex canciller), Salomón Schachter y Eduardo Felix Valdes (diputado nacional)".

Al respecto, el Ministerio Público Fiscal indicó que el traslado y aplicación de esas vacunas "se realizaron con recursos humanos y técnicos del Hospital Nacional Posadas".

De este modo, se entendió que la sustracción de esas dosis de la órbita administrativa legalmente asignada (Hospital Posadas), "provocó que, de forma momentánea, se armara en el segundo piso del Ministerio de Salud de la Nación una especie de centro de vacunación precario".

En cuanto a Ginés González García se recordó que en calidad de Ministro de Salud de la Nación "fue el encargado de instrumentar todas las políticas necesarias para mitigar los efectos de la pandemia, revistiendo competencias en todo lo inherente a la salud".

Los fiscales señalaron que las dosis asignadas al Hospital Posadas "no se encontraban destinadas a inocular a otras personas que no integrasen -de manera real y bajo acreditación expresa- otra categoría que no fuera “Personal de Salud o Estratégico”, tomando como guía la propia lista de prioridades que había establecido el Ministerio de Salud.

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El segundo hecho tuvo relación con el retiro de cinco vacunas asignadas al Ministerio de Salud para "su traslado al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con fecha 1 de febrero de 2021 para su inoculación, la de su familia y la de Carlos Alberto Mao, quienes no se encontraban habilitados para recibir su dosis".

El tercero "comprende la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 (treinta y cinco) vacunas" para vacunar a 23 personas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 en el Hospital Posadas. Esas personas, dicen los fiscales, fueron "elegidas discrecionalmente y por motivos particulares", ya que no estaban habilitadas para ser elegidas.

Para los fiscales, Ginés González García  "ordenó ilegítimamente a Alberto Maceira, Director Ejecutivo del Hospital Nacional Alejandro Posadas, que sustrajera 10 (diez) vacunas contra la COVID-19, asignadas a ese efector nacional y las trasladara con su equipo a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para la inoculación de diez (10) personas que no estaban autorizadas para recibir esas dosis".

La elección de las personas "fue por una decisión ilegítima, es decir contraria al bloque de legalidad, y motivada en compromisos y afinidades personales".

A Maceira, Director Nacional Ejecutivo del mencionado hospital, se le atribuyó haber "ejecutado dicha orden ilegítima y trasladó diez dosis asignadas a ese efecto a la sede del Ministerio de Salud. Para el traslado y aplicación de esas dosis, Maceira se valió de recursos humanos y técnicos del hospital a su cargo".