La Internacional de la Educación (IE) con sede en Bélgica "condenó" el decreto 340/25 del Gobierno argentino, que "limita el derecho de huelga del profesorado y otros sectores públicos" al considerarlo actividad esencial con la obligación de garantizar un servicio mínimo de entre el 50 y el 75 %.

La IE también rechazó una propuesta de modificación del artículo 10 de la Ley 26.075 sobre financiación de la educación que, "de ser aprobada, pondría fin a la participación del Gobierno nacional en las negociaciones sobre el salario mínimo docente".

Fundada en 1993 y presisida por el sudafricano Mugwena Maluleke, la IE es la entidad que reúne a sindicatos de docentes y otros trabajadores de la educación de todo el mundo, con 375 organizaciones adheridas en alrededor de 180 países.

En un comunicado en su página web, la organización gremial lanzó un "llamamiento a la solidaridad con los y las docentes y sindicalistas de la educación en argentina, quienes enfrentan importantes ataques contra sus derechos de huelga y de negociación colectiva".

"La IE se solidariza plenamente con nuestras organizaciones afiliadas en el país: la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)", indicó el escrito.

Respecto del decreto 340/25 publicado el 21 de mayo de 2025 en el Boletín Oficial, la IE sostiene que declara a la educación como un "servicio esencial", pero "sólo con el propósito específico de restringir la acción gremial".

"Los sindicatos docentes han denunciado unánimemente este decreto como inconstitucional e injusto, así como una grotesca violación de su derecho a la huelga", expresa el texto.

Además, recuerda que "intentos similares de limitar el derecho de huelga del profesorado argentino han sido previamente declarados inconstitucionales por tribunales nacionales y condenados por organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

"Estas decisiones, que forman parte de la agenda regresiva de la administración de Javier Milei, representan un grave retroceso para los derechos laborales del profesorado en Argentina y socavan gravemente la cohesión social y la justicia en el país", añade.

"El Gobierno está poniendo en peligro la educación pública y los derechos de quienes la apoyan", subraya el comunicado de la entidad internacional.

La IE condenó ambas medidas e instó a las autoridades de Argentina a retirar la propuesta de modificación del artículo 10 de la Ley 26.075 y a derogar el Decreto 340/25.